Foto: David Campuzano

Andrés Fernández es administrador de empresas agropecuarias.

Seis funcionarios del Ministerio de Agricultura y uno más del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incode, fueron vinculados al proceso previo que abrió el Ministerio Público con el fin de establecer las responsabilidades disciplinarias que pudieron ser vulneradas tras la designación de los recursos.

El jefe del organismo de control, Alejandro Ordóñez, informó que desde hace 15 días se viene gestionando el acopio de toda la información pertinente para establecer las supuestas irregularidades que se produjeron en el desarrollo de Agro Ingreso Seguro.

Manifestó que muy posiblemente habrá sanciones a las decisiones que haya lugar en contra de otros funcionarios estatales que pudieran haber sobrepasado la normatividad vigente, al hacerse partícipes de los beneficios de la herramienta en ejercicio de sus funciones.

Ordóñez no descartó la posibilidad de que haya otras instituciones del Estado que hayan protagonizado irregularidades, en ese sentido, y que se sumen a las responsabilidades que deberían asumir los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Incode, supuestamente responsables en esta materia.

Así mismo, se comprometió a que el Ministerio Público entregará prontos resultados en las investigaciones preliminares que adelanta alrededor de este escándalo, que ha involucrado a dirigentes políticos y personalidades de la vida nacional.

"Que den resultados y que los entreguen de acuerdo a los procedimientos legales, de acuerdo con la ley. Eso es a lo que la Procuraduría se compromete, a hacer una investigación pronta y a que sea una investigación que respete el derecho a la defensa, al debido proceso, pero tengan la absoluta seguridad y certeza que cualquier género de responsabilidad que surja de las investigaciones se les dará a conocer", sostuvo.

Finalmente, anunció que en los próximos días el organismo de control dará a conocer decisiones dentro del proceso disciplinario que adelanta por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales, que sugieren la supuesta responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entre otros organismos de seguridad e inteligencia del Estado.