Inicialmente, la Sección de Investigaciones y grupo de Derechos Humanos del CTI hicieron efectivas once órdenes de captura en las instalaciones del Cantón Pijao de la Sexta Brigada del Ejército.

Las órdenes fueron emitidas por la Fiscalía 89 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Ibagué, dentro del proceso por el delito de homicidio agravado, contra militares adscritos al Grupo Gaula del Ejército, vinculados a hechos sobre falsos positivos.

El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2006 en el corregimiento de El Totumo, a diez minutos de Ibagué. Ese día, la tropa al mando del teniente William Eduardo López Pico informó que durante combates con el Ejército cinco presuntos paramilitares habían sido dados de baja.

Aunque los uniformados señalaron que hubo enfrentamientos, las pruebas de criminalística determinaron que estas personas murieron en estado de indefensión. Hubo varias evidencias. Una de las más contundentes se mostró en el caso de Rubén Fernando Sánchez, quien fue hallado con una pistola en la mano derecha, pero se comprobó que era zurdo.

Los peritos lograron demostrar que los militares mintieron al asegurar que el grupo de jóvenes disparó desde el carro y eso originó el cruce de fuego, pues el automóvil marca Renault 21 de placas QFU 490 en que se transportaban no presentaba ningún impacto.

Teniendo en cuenta que el hecho sucedió en el 2006, cuando estaba vigente la Ley 600, la Fiscal del caso tiene 180 días para reevaluar y fortalecer las pruebas ya existentes. Una vez terminada esta etapa podrá dictar resolución de acusación, en cuyo caso se deberá solicitar audiencia preparatoria de juicio.

De no hallar méritos suficientes, podrá determinar resolución de preclusión. En este caso los militares serán desvinculados del proceso y dejados de inmediato en libertad. Se conoció por parte de la Institución militar que no apelará las órdenes de captura. Mientras tanto, los soldados, oficiales y suboficiales permanecen en las instalaciones de cada guarnición.

Sobre el grupo de personas muertas se ha dicho por parte de las autoridades que realmente pertenecían a una banda delincuencial, y que es probable que ese día fueran a atracar un bus. Al respecto, la Fiscalía señaló que aunque esta versión fuera cierta, la tropa no realizó el procedimiento correcto, pues debió capturarlos y no matarlos.

Los muertos fueron identificados como: Rubén Fernando Sánchez Morales, de 36 años; Jeison Méndez Zorro, de 23 años; Alexander Jaramillo Quitora, de 32 años; Dorancé Enciso Medina, de 36 años y Armel Ramírez Lozano, de 36.