El Estado Colombiano destinará más de 7 mil 500 millones de pesos al año para la defensa de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional, según aseguró la representante a la Cámara, Lucero Cortés Méndez.
La congresista señaló que así lo prevé un proyecto de ley de su autoría que tiene mensaje de urgencia y que busca facilitar el acceso a una pronta, efectiva y especializada defensa técnica, en conductas que resulten investigadas por la Corte Penal Internacional, ya que con ello se asegurará el respeto a la dignidad del sindicado, protección de sus derechos humanos y la garantía de los principios que rigen el derecho penal internacional.
“Los recursos necesarios para la defensa de nuestros hombres saldrán de los aportes de los mismos soldados, cooperativas y empresas con ánimo de lucro, así como por organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales o por el Presupuesto Nacional, de acuerdo a las necesidades y de forma voluntaria como sucede en la actualidad con el Fondo de Asistencia Jurídica de las Fuerzas Militares consagrado en la Ley 1224 de 2008, enfocada en la defensa jurídica de nuestros hombres en nuestro país”, explicó Cortés Méndez.
La Representante a la Cámara agregó que “no buscamos generar impunidad, ni buscamos cubrir con una capa especial a los militares, buscamos simplemente garantizarle el derecho básico a la defensa a esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra seguridad y nuestra soberanía, convirtiéndose diariamente en héroes de la patria”.
El proyecto prevé que estarán cobijadas las conductas que son de conocimiento de la CPI como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que resulten presuntamente involucrados directa o indirectamente miembros tanto activos como en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, por actos propios del servicio.
Entre tanto, los congresistas del Partido de la U Lucero Cortés y Roy Barreras hicieron un llamado a las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes para que el Proyecto de Ley sea aprobado antes de 15 días, de manera que pase a sanción presidencial antes del 20 de diciembre.