En una audiencia donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examina el desplazamiento forzado en Colombia, el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Marco Romero afirmó que el 80.7% del total de personas en situación de desplazamiento sobreviven en condiciones de indigencia y que se impone un proceso acelerado de empobrecimiento de la mayoría de esta población.
"Antes del desplazamiento el 51% de las familias desplazadas eran pobres y el 30,5% indigentes y después del desplazamiento el 96,6% de estas familias son pobres y el 80,7% son indigentes", explicó el vocero de CODHES, tras señalar que se trata de familias que abandonaron tierras de producción agrícola y que hoy viven en la informalidad laboral en las grandes ciudades del país.
Romero participó en la audiencia sobre desplazamiento forzado y conflicto armado en Colombia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reveló cifras alarmantes en torno a la situación de los desplazados, citando los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Nacional para la Corte Constitucional.
Según CODHES, 5.5 millones de hectáreas despojadas o abandonadas desde 1998 mediante presiones y acciones violentas que afectaron a 385 mil familias, "son una verdadera anti-reforma agraria que explica la violencia y el desplazamiento y contribuye a la pauperización de miles de familias procedentes de las zonas rurales".
El defensor de derechos humanos precisó que la cifra no incluye el despojo de tierras de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que en los últimos tres años han padecido con especial dureza la invasión de sus territorios por parte de grupos armados irregulares y de la Fuerza Pública que los combate.
"Este despojo de tierras a los desplazados, así como el lucro cesante, asociado a la disminución de la producción de alimentos, representa alrededor de $49,7 billones de pesos, cifra equivalente al 11,6% del Producto Interno Bruto a precios corrientes del 2007", indicó el experto.
Por su parte, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno revisar la política de restitución y adjudicación de tierras para las familias rurales desplazadas por la violencia, tras considerar que no ha servido para restituir los derechos de las personas afectadas.
Finalmente, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento afirmó que, "en los últimos siete años más de dos millones de personas se han desplazado en Colombia, lo que pone en duda la efectividad de la política de ‘seguridad democrática', uno de los pilares de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez".
El presidente de CODHES Jorge Rojas afirmó que el gobierno reconoce haber inscrito en su registro un total de 3.2 millones de colombianos como desplazados por la violencia, de los cuales 2.1 millones corresponden a personas que huyeron desde mediados de 2002, año en el que el presidente Uribe asumió el poder.
"Los desplazados huyen de las zonas de enfrentamiento entre tropas oficiales y guerrillas, de los lugares en donde se fumigan plantaciones de coca destinadas a producción de drogas ilícitas y de los departamentos en los que han resurgido con fuerza los grupos paramilitares", afirmó el defensor de derechos humanos.