"De pronto Dios nos manda a mi papito en uno de esos rayos", decía la pequeña Alejandra en una noche tormentosa, esperanzada en que la lluvia torrencial le devolviera a su padre, Carlos Augusto Rodríguez, desaparecido siete años atrás durante los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Como esta pequeña, centenares de familias se cansaron de esperar la llegada de sus seres queridos a casa y dejaron de poner un puesto en la mesa por el resto de sus días, durante las luctuosas jornadas en las que las más altas cumbres de la Justicia colombiana terminaron consumidas por las llamas y el horror.
35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales, se tomaron el más representativo escenario de la Leyes, a sólo unos cuantos metros del Palacio Presidencial, de donde se esperaba una repuesta que no había llegado en tres años y que siguió en el limbo durante cerca de 48 horas que mantuvieron en vilo al mundo que, incrédulo, presenció cómo el terror y la desesperanza se apoderaban de millones de ciudadanos colombianos.
El optimismo de una negociación que pusiera fin al enfrentamiento fue absorbido por las balas, lo rockets y los cañones, el camino elegido por el régimen para dar término a la toma que amenazaba la vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como a empleados de áreas administrativas y de servicios, además de algunos visitantes.
Durante cerca de 28 horas ininterrumpidas el fuego y los estallidos se apoderaron del centro de la capital, ante el miedo y la zozobra de los colombianos, ávidos de conocer los detalles de la confrontación, tras la censura decretada por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, frente a la información relacionada con el Palacio y el brutal enfrentamiento que allí tenía lugar entre insurgencia y fuerza pública.
Las exigencias del M-19, que buscaba propiciar un gran diálogo nacional con miras a su desmovilización y su inserción en la vida política nacional, se vieron frustradas por la decidida actitud del Gobierno del Presidente Belisario Betancourt de no negociar con los guerrilleros que protagonizaban un acto terrorista al interior del escenario más significativo de la Rama Judicial.
Las dramáticas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien clamaba por un cese al fuego que salvara su vida y la de sus colegas, ni los enérgicos alegatos del ministro de Justicia, Enrique Parejo, fueron capaces de quebrar la voluntad del estadista y literato de dejar todo en manos de su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, y oda la cúpula militar.
De principio a fin, la confrontación armada fue la única salida a un hecho de por sí dramático, que terminó hiriendo letalmente todo el marco institucional del país, entonces permeado hondamente por los carteles de la droga, gestantes de otro endémico mal que, como el narcoterrorismo, comenzaba a generar las primeras ampollas en la sociedad colombiana.
Sin el alto al fuego culminó una toma que, más que inocua para los guerrilleros, terminó fraguando un insospechado atentado contra la Justicia, un golpe certero y fulminante del que aún parece no haberse recuperado del todo.
Poco a poco se fueron conociendo los estragos que dejó la inconmensurable batalla en un campo que se pretendía pacífico y justo. En cuestión de horas el país fue saliendo de su letargo para hacerse consciente de una tragedia de inenarrables proporciones, que dejó más de 100 personas muertas y varios desaparecidos, entre ellos los empleados de la cafetería.
Pasaron 20 años de conjeturas, denuncias, silencios de complicidad e inoperancia de la entes judiciales, hasta que el fiscal General, Mario Iguarán Arana, ordenó la reapertura de la investigación, con miras a esclarecer lo que realmente sucedió durante la toma del Palacio de Justicia y determinar si hubo o no responsabilidad penal del Ejército en los supuestos asesinatos extrajudiciales y desapariciones a las que habría dado lugar la retoma.
Hace sólo cuatro años que inició la carrera por conocer esta verdad histórica que aún hace mella en la dignidad nacional, una responsabilidad de grandes proporciones para la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, quien ya ha formulado acusaciones en contra de nueve militares en retiro, entre ellos dos generales y dos coroneles.
Tal es el caso del ex comandante de la Brigada 13, Jesús Armando Arias Cabrales; el ex comandante del B-2, Edilberto Sánchez Rubiano; el ex comandante de Caballería, Alfonso Plazas Vega, y el ex director del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, general Iván Ramírez Quintero, todos procesados por la presunta desaparición forzada de los trabajadores de la cafetería.
Este viernes, cuando se cumplen 24 años de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido el país a lo largo de su historia, la crecida Alejandra sigue manteniendo más viva que nunca la esperanza de que "Dios le mande a su papito en uno de esos rayos" y lo acaecido en esas noches lúgubres rompa el paradigma de lo utópico, para convertirse en una verdad que reivindique la dignidad y le devuelva la honra a un país que lucha por huirle al desahucio.