Cristian Salazar Volokman, representante en Colombia de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ha evidenciado la falta de herramientas de esa norma para impartir justicia y reparar a las víctimas.

El alto funcionario manifestó que hasta ahora es muy bajo el porcentaje de desmovilizados postulados y señaló los resultados desalentadores de los procesos jurídicos a los que ha sido sometido los ex combatientes, entre los cuales no se cuenta ninguna condena.

Así mismo, indicó que los principales responsables de los crímenes de guerra que se produjeron con motivo del accionar de las organizaciones armadas al margen de la ley no están asumiendo las responsabilidades que les corresponde.

Salazar Volokman manifestó que de 50 mil desmovilizados poco más de tres mil se han postulado a la ley 975. De ese reducido grupo a solo 150 se les han formulado imputaciones, a 43 se les han formulado cargos y a solo cuatro de ellos se les ha legalizado su situación.

"Hoy nos hacemos legítimamente la pregunta de si la implementación práctica de la Ley de Justicia y Paz confirma o contradice nuestras preocupaciones (...) nos preguntamos si la Ley 975 ha contribuido a satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación", agregó.

Sin embargo, el alto funcionario de la organización de las Naciones Unidas manifestó que el país sí necesita de herramientas jurídicas que constituyan una plataforma de transición para poder juzgar a los actores violentos, sin perjuicio de promover nuevas desmovilizaciones.

"Concluyo que hasta ahora la Ley no ha contribuido a impartir justicia", precisó Cristian Salazar, quien se mostró de acuerdo con la propuesta de crear una Comisión de la Verdad que esclarezca todo lo acaecido durante el accionar militar de los grupos armados al margen de la ley, en el marco de la confrontación con el Estado y algunos actores paramilitares.