Christian Salazar Volkman, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, denunció que las comunidades aborígenes y negras del país están siendo víctimas de una ardua persecución por parte de los protagonistas del conflicto armado colombiano.

Según afirmó el funcionario, el enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de la Ley se ha trasladado a las regiones más remotas del país, muchas de las cuales habitan las comunidades indígenas, y de ahí que se hayan duplicado los asesinatos en contra de líderes de tales grupos societales.

"Lo he mencionado varias veces: tenemos preocupación porque este año se duplicaron los asesinatos contra indígenas, justamente porque el conflicto armado se ha trasladado a las zonas más remotas del país, que son, básicamente, los resguardos indígenas y también las tierras afro colombianas", sostuvo.

Salazar Volkman señaló que la ONU ha estado atenta a la forma como se han venido aplicando las disposiciones y sugerencias que han hecho autoridades como la Corte Constitucional, en ese sentido, advirtiendo la falta de agilidad en el desarrollo de las gestiones tendientes a incrementar la seguridad de los pueblos indígenas y afro colombianos, tanto como a satisfacer algunas demandas sociales urgentes que allí emergen.

"Por eso hemos hecho mucho seguimiento y hemos dado mucho apoyo a los autos de la Corte Constitucional de Colombia que, de hecho, han demandado una mayor atención a los pueblos indígenas y afro colombianos y nosotros creemos que es urgente que se implementen estas disposiciones", agergó.

El representante de la organización hizo un llamado al Gobierno Nacional y las autoridades competentes para que diseñen planes de protección y seguridad, que garanticen la vida de los principales voceros de tales comunidades, que día a día se ven afectados por la amenaza de los actores armados.

En ese sentido, se recuerda la masacre de 12 indígenas Awá en Nariño, que en principio fue atribuida a guerrilleros de las Farc, pero acerca de la cual no hay ninguna claridad hasta ahora, pues también han caído bajo sospecha integrantes de la misma etnia, hecho que se suma a las denuncias que persisten en el seno de la comunidad en torno de la participación de agentes estatales en el crimen.

Así mismo, se recuerda el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena caucana, Aida Quilcué, ocurrido a finales de 2008 a manos de agentes de la fuerza pública, sin que hasta ahora se conozcan sus móviles.