Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución en contra de los soldados profesionales Luis Miguel Sierra Díaz e Iván Darío Contreras Pérez, por su presunta responsabilidad en las muertes de diez civiles del municipio de Tolúviejo, (Sucre).

De acuerdo con la investigación, entre julio y agosto de 2007 tropas del Ejército reportaron la muerte en combate de: Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Frank Arley Padilla Bandera, Deimer José de Hoyos Rodríguez, John Jairo Colón Ayala, Juan Bernardo Patrón Viloria, Julio Rafael Julio Olivero, Luis Fernando Mejía Vides, Manuel Enrique Jiménez Chamorro y Cristián Vergara Ozuna.

Esas personas fueron presentadas como integrantes de grupos ilegales abatidas en los municipios de Chinú (Córdoba), El Roble y San Benito Abad (Sucre).

Los investigadores establecieron que días antes de sus muertes, las víctimas fueron contactadas por reclutadores quienes les ofrecieron trabajos agropecuarios en municipios aledaños, con promesas remuneratorias que oscilaban entre los 400 mil y los 800 mil pesos mensuales.

Sierra Díaz, miembro del Gaula-Ejército en Córdoba, está acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. Contreras Pérez, perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, responderá por los delitos de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado. Estos procesados están privados de la libertad en la Brigada XI con sede en Montería.

Por los mismos hechos fue acusado el presunto reclutador Andrés Rafael Corrales Narváez, como supuesto responsable de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

En sentencia anticipada ya fue condenado a 22 años de prisión José Dionisio Ramos, alias ‘Joselito Carnaval', quien también reclutó jóvenes.