El segundo al frente de la Fiscalía General de la Nación reconoció que con la nueva providencia de ese ente investigador, el caso del Palacio de Justicia podría ser declarado como un delito de lesa humanidad.
Señaló que el alcance de la decisión tomada por ese organismo cobijaría todos los crímenes cometidos por el cartel de Medellín, considerados como un ataque sistemático a la población civil.
El vicefiscal Pareja aclaró que la providencia emitida por ese ente acusador, conocida públicamente este jueves, abre las puertas a que los intervinientes en los procesos que señalan la responsabilidad de es grupo del crimen organizado en delitos que se hayan producido bajo estas condiciones, puedan exigir las revisiones que llevarían a los jueces a ordenar una eventual reapertura de los procesos.
En caso de comprobarse que el cartel de Medellín tuvo algún tipo de injerencia en la toma del Palacio de Justicia, quedarían abiertas las puertas a su imprescriptibilidad, toda vez que sería abordado como un delito de lesa humanidad.
Sin embargo, el mismo organismo acusador ha desestimado esa tésis, pues la fiscal Cuarta Delegada, Ángela María Buitrago, sostiene que el mismo B-2 del Ejército tenía evidencias de que la toma había sido financiada completamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y no por el narcotráfico, como se ha dicho desde hace algunos años.
En todo caso, la decisón final estará en manos de cada juez, aunque el vicefiscal, Fernando Pareja, conminó a todos los dolientes de quienes fueron victimizados por Pablo Escobar exijan la revisión de cada caso, con el fin de evitar las prescripciones.
En ese sentido, el procurador Delegado para Asuntos Penales, Gabriel Jaimes, ya comisionó un grupo especial para que estudie los casos y, eventualmente, se puedan hacer las peticiones a las que alude la Fiscalía, como parte procesal en cada caso.
El representante del Ministerio Público señaló que esta providencia se dio previa petición del organismo de control, que coincidía con la tesis que ha hecho según el cual el atentado en el avión de Avianca, en 1989, haya sido declarado como un delito de lesa humanidad, un señalamiento que podría extenderse a casos como el del asesinato del periodista Guillermo Cano, y la bomba accionada en las instalaciones del diario El Espectador.