Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue denunciada la supuesta injerencia de la Presidencia de la República en el juicio que enfrenta el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la presunta desaparición de los integrantes de la cafetería del Palacio de Justicia, durante la retoma de noviembre de 1985.

Así lo reveló el abogado Jorge Molano, quien manifestó que la solicitud enviada por el Secretario Jurídico de Casa de Nariño, Edmundo de Castillo, a la juez María Stella Jara, puede estar dejando en evidencia una suplantación de autoridad.

"Recuerden ustedes que uno de los documentos que se remite es el cumplimiento de la orden presidencial de retornar a Luis Alfonso Plazas Vega a la Escuela de Infantería. Creemos que esas labores que se están adelantando por parte del Secretario Jurídico de la Presidencia son claramente ilegales, son actuaciones que buscan interferir en la independencia de la justicia", añadió.

De la misma manera, precisó que el envío de esos documentos por parte de un organismo de tanta importancia dentro del ejecutivo podría no ser fortuito, sino que persigue favorecer al ex comandante de la Unidad de Caballería del Ejército, que fue Director Nacional de Estupefacientes durante la administración Uribe.

Entre tanto, el abogado Daniel Prado manifestó que la Procuraduría General de la Nación no está ofreciendo imparcialidad en ninguno de los procesos en el Palacio de Justicia y que prueba de ello es que algunos de los testimonios que han sido desvirtuados dentro de los juicios han sido requeridos por el Ministerio Público.

Ante la propuesta de algunos familiares de llevar el caso ante tribunales internacionales, el jurista presentó objeciones, toda vez que confía en la independencia con la que ha estado actuando la juez Jara en el caso de Plazas Vega, aunque no descartó la viabilidad de la iniciativa.