La relatora de la ONU para la independencia judicial, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, pidió este jueves respetar la independencia de los magistrados de las cortes colombianas.
La diplomática brasileña, que inició esta semana una visita a Colombia, pidió permitir a los funcionarios judiciales y de las altas cortes cumplir su labor sin interferencia de otros poderes, públicos o privados. La relatora hizo la invitación tras reunirse este jueves con el presidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño y con integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia.
Según Albuquerque e Silva, la separación de poderes es base de la democracia. “Las cortes y los juzgados deben ejercer sus funciones sin intervención de otras ramas del poder”, subrayó la alta funcionaria de las Naciones Unidas. Añadió que “El poder judicial requiere de independencia para el logro de una justicia ética”.
La relatora de la ONU participó en Bogotá, asimismo, en actos conmemorativos del Día Internacional de los Derechos Humanos. La visita a Colombia se registra en momentos en que los poderes Ejecutivo y Judicial libran una pugna por la elección del nuevo fiscal general.
Albuquerque e Silva permanecerá en el país hasta el próximo día 16 y tiene previsto entrevistarse con otros funcionarios del Gobierno, de las altas cortes y representantes de la sociedad civil. Asimismo, analizará el estado de las investigaciones por seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a funcionarios judiciales, y las razones de la Corte Suprema de Justicia para no elegir nuevo fiscal general.
Según el alto tribunal, la terna enviada por el Gobierno desde hace meses para elegir al Fiscal General es “inviable” y así lo ha transmitido al Ejecutivo. También recibirá información sobre las dificultades del proceso de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización de los paramilitares y otros grupos al margen de la ley.
Dicho proceso está afectado por la carga excesiva y las dificultades con las que ha tropezado la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones, así como por las decisiones del Gobierno para extraditar a los jefes paramilitares a Estados Unidos.