Según se estableció, la multa que David Murcia pagará corresponde a 50 mil salarios mínimos, es decir 24.850 millones de pesos, además de 30 años y 8 meses de prisión. Se prevé que dicha pena la purgue en Estados Unidos, toda vez que el Gobierno confirmó este miércoles su extradición a ese país.
El juez cuarto especializado José Reyes Rodríguez aseguró que las pruebas contra Murcia fueron corroboradas y tuvieron credibilidad. Según éste, la evidencia alrededor de la procedencia de los dineros proviene de la inversión que en solo nueve meses de existencia de la empresa pudieron hacer David Murcia, su madre y su esposa, un monto que supera los 2.600 millones de pesos, sin demostrar la capacidad de hacerse a los recursos y sin que el objeto social de DMG se hubiera puesto en marcha.
Así mismo, advirtió que la venta de bienes y servicios era sólo una fachada de la captación masiva e ilegal que se adelantaba a través de la empresa, pues así lo dejan ver los reducidos márgenes de entrega de mercancías a los tarjetahabientes. A la audiencia asistió la madre del condenado, Amparo Guzmán de Murcia, quien goza de libertad y adelanta un preacuerdo con la Fiscalía para obtener el principio de oportunidad.
Ahora bien, tras dar a conocer la sentencia, el juez pidió investigar a la Comisión Nacional de Televisión y al abogado Abelardo de la Espriella. El juez solicitó que se indague sobre la responsabilidad del abogado, quien fue defensor de Murcia en este largo y complejo caso. Así mismo pidió que se investigue al ex director del DAS, general Miguel Maza Márquez; al ex director del Seguro Social, Guillermo Fino; y al periodista y humorista Guillermo Díaz Salamanca.
En el fallo, a través del cual se expidieron las razones que llevaron a la condena de Murcia Guzmán, el juez también pidió que se investigue la conducta punible de todos los socios de DMG en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en masa, lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros. De la misma manera, el funcionario judicial conminó a los entes jurídicos encargados en la materia a que estudien la posibilidad de abrir procesos penales en contra de varios ex colaboradores de la captadora.
Finalmente exigió que se compulsen copias al Concejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que se investigue disciplinariamente a los abogados Gustavo Salazar, José Ignacio Lamar, así como a Margarita Pabón Castro y su pull de letrados.