La Procuraduría General de la Nación rechazó parte de la decisión de segunda instancia en la que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia adjudicar un contrato para el manejo de la seguridad en 10 cárceles del país a la Unión Temporal de Seguridad Carcelaria.
A través de una acción de tutela, la firma había logrado que se invalidara la revocatoria del convenio celebrado inicialmente por las partes, frente al supuesto de que uno de los integrantes de la Unión había hecho uso de medios ilegales para obtener la adjudicación.
En primera instancia, la cartera del Interior y de Justicia había avalado el concepto del Ministerio Público, que, basado en un informe de Policía Judicial, había encontrado ese tipo de irregularidades en el proceso adjudicatario, recomendando la revocatoria del acuerdo.
El Consejo Superior de la Judicatura había reiterado el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que encontró vulnerado el derecho al debido proceso del accionante. Además, la Sala Disciplinaria ordenó concluir el trámite contractual y adjudicar el convenio a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.
En consecuencia, le Organismo de Control le solicitó a la Corte Constitucional que precise si ha habido o no una revocatoria de acto administrativo inspirada en medios ilícitos y que determine cuál es el alcance que, en ese sentido, tiene el inciso 3º del artículo 9º de la Ley 1150 de 2007.