Como un error de parte de la Comisión de la Verdad del holocausto del Palacio de Justicia, calificó la ex juez de Orden Público, Clemencia García de Useche, el hecho de que esa plataforma no haya señalado a los guerrilleros del M-19 como los responsables del incendio que borró toda huella de los expedientes que cursaban en el Consejo de Estado en noviembre de 1985.
La ex funcionaria judicial, que ordenó incluir en una investigación penal a los comandantes de esa organización guerrillera en 1987, no incluidos en el indulto que había recibido el grupo rebelde de parte del legislativo, le solicitó a esta plataforma que corrija su versión respecto a este hecho, pues dice tener pruebas fehacientes de que la fuerza pública no provocó tal incendio.
Asegura que 45 minutos después de haber iniciado la toma, los guerrilleros empezaron a acabar, "a través del incendio, la historia jurídica del país, lo que constituye un delito de lesa humanidad".
Se trata de una tesis similar a la que empleó en la providencia a través de la cual vinculó al proceso del Palacio de Justicia a los ex comandantes del Eme por los cargos de "terrorismo, incendio y actos de ferocidad y barbarie", en 1989, y que precluyó la semana anterior.
Dijo que esta aseveración se sustenta en el testimonio del ex magistrado Samuel Buitrago, sobreviviente de la tragedia, y en el video del Televisión Española, que en el minuto 23 deja ver la columna de humo que empezó a producirse al interior del Palacio de Justicia.
Para la abogada, se trata de su compromiso con los colombianos, de poder contribuir al esclarecimiento de una verdad histórica, y de ahí que advierta la existencia de una cantidad ilimitada de pruebas que demuestran su dicho.
Según uno de los familiares de los desparecidos, no es extraña la petición de la también ex fiscal, pues lo que trata es que la tipificación del delito, que dejó de investigarse hace una semana también sea aplicada al caso de los militares implicados en la tragedia, generando el mismo efecto finalización de la actuación procesal que corre en su contra.
García de Useche fue acusada de prevaricato por el Vicefiscal General de la Nación en 1999, luego de considerar que había favorecido irregularmente a los hermanos Gaitán Cendales, detenidos por narcotráfico hace algunos años.
La funcionaria había ordenado la revocatoria de las órdenes de captura en contra de Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán, actuando como Fiscal Delegada ante el Tribunal Nacional, lo que le valió una acusación formal por prevaricato y ser recluida en una casa fiscal de la Cárcel La Picota en Bogotá.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia la absolvió el 4 de junio del 2008, al considerar válidos los argumentos de la ex funcionaria judicial, que había manifestado que en el momento en que tuvo a su cargo el análisis del expediente no había argumentos de peso para acusar formalmente a los Gaitán Cendales.