David Murcia Guzmán, que se encuentra desde el miércoles en una prisión de Nueva York, está llamado a declarar este viernes ante un juez federal acusado de lavar dinero procedente del narcotráfico, un delito que podría conllevar hasta veinte años de prisión.

La oficina del juez William H. Pauley confirmó la citación del viernes, aunque dijo desconocer si el acusado tiene intención de acudir a la vista o si sólo acudirá su abogado, Robert Abreu.

Abreu viajó de Miami (Florida) a Nueva York para reunirse con su defendido, de 29 años, quien fue extraditado el martes desde Colombia, en medio de una aparatosa operación de alta seguridad que requirió la intervención de decenas de agentes.

El martes, Murcia fue trasladado a Miami, donde no pudo ver a su abogado, pasó la noche en la prisión federal de esa ciudad, y el miércoles fue llevado a Nueva York.

Murcia, también conocido como el "Madoff colombiano", se encuentra recluido en la prisión junto al Tribunal Federal de Manhattan, en el sur de la isla, y permanecerá en ella mientras dure un proceso que podría durar varios meses.

Como suele ocurrir con los presos que son extraditados, es previsible que Murcia, responsable de una estafa multimillonaria a través de la pirámide financiera DMG, haya tenido que someterse en las últimas horas a diversos controles médicos y pruebas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, que está comunicado por túneles subterráneos con los juzgados donde el viernes está llamado a comparecer.

Aunque en su país se ha especulado con la posibilidad de que Murcia no acuda a la vista por encontrarse algo griposo, si finalmente comparece ante el juez, este deberá decir si se considera culpable o no del delito que se le imputa.

Murcia Guzmán, quien fue detenido en Panamá el 17 de noviembre de 2008 y deportado dos días después a Colombia, ya fue sentenciado en su país a 30 años y ocho meses de prisión por haber montado una estafa a través de su grupo de empresas.

Además, se le impuso una multa de 12,5 millones de dólares por delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de caudales públicos.

DMG tuvo "sucursales" en Panamá, Venezuela y Ecuador, pero fueron intervenidas por los respectivos Gobiernos y tenía planeado establecerse también en México, Perú y Brasil.