Alba Inés Rodríguez, sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia, afirmó bajo juramento que el magistrado de la Corte Suprema, Manuel Gaona, murió al interior del baño del tercer piso, cuando existe un estudio de necropsia adelantado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que establece exactamente lo contrario.
Con una herida en la cabeza y con "los sesos por fuera" yacía el cadáver del alto funcionario judicial, sentado y junto a la puerta del baño, señaló la secretaria del consejero de Estado, Reinaldo Arciniegas, aún cuando los informes oficiales demuestran que Gaona se encontraba de rodillas y en condiciones bien diferentes a las avizoradas por la testigo.
Según el sumario de la Calificación del Mérito del juez 30, Uriel Alberto Amaya Olaya, del 31 de enero de 1989, en su página 24, la muerte violenta del magistrado no sólo no se produjo en el sitio señalado por la declarante, sino que se produjo de un disparo en la zona anterior izquierda lateral, que no pudo dar lugar a las consecuencias por ésta señaladas tras la herida mortal que le propinaron a la víctima.
El mismo documento es claro en advertir que la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, se produjo en similares condiciones, pues fue producto de una herida mortal provocada con un arma de fuego en la región frontal izquierda de la cabeza, hecho que se habría producido fuera de ese baño del tercer piso del edificio.
La mujer, que fue llamada a ofrecer su testimonio por el defensa del general (r) Iván Ramírez Quintero, tuvo que apelar a la colaboración de la audiencia para recordar el nombre del occiso. "Díganme nombres de magistrados", dijo, antes de que surgiera el nombre de Manuel Gaona Cruz.
Con evidentes contradicciones, la señora Rodríguez dijo que su jefe, el magistrado Arciniegas, salió del baño donde se encontraban los rehenes que quedaban y el último reducto del M-19, con el fin de responder a las exigencias de un guerrillero o un alto militar, según su relato, para indicar dónde se encontraban los sobrevivientes de la cruenta toma, aunque aclaró no tener absoluta certeza de ello.
Así mismo, señaló que escuchó a un militar con un radio, que indicaba el inicio de la "operación limpieza", pero que no lograba identificar desde qué lugar surgía ni en qué momento, aún cuando advirtió que el hecho debió ocurrir en la madrugada, cuando se encontraba en el baño.
Frente a la muerte de Manuel Gaona, testigos como los magistrados Samuel Buitrago y el mismo Reinaldo Arciniegas han rechazado la versión de su salida con vida del lugar de los hechos, aún cuando periodistas, estudiantes y otros testigos lo niegan categóricamente, sobre todo, teniendo en cuenta que su muerte se produjo con un tiro de gracia, provocado con una 9 milímetros, arma con la que no contaban los guerrilleros.
Para el hoy candidato presidencial y ex insurgente del eme, Gustavo Petro, resulta sospechoso que dos hombres que mostraron compromiso con ciertas reivindicaciones sociales y que fueron maestros suyos en la Universidad Externado, como Gaona y Urán, hayan terminado muertos en idénticas condiciones, iguales a las del ex comandante guerrillero, Andrés Almarales.
Incluso, Gaona Cruz fue el ponente de un concepto negativo de constitucionalidad, a través del cual el Gobiernmo de Julio César Turbay pretendía convertir en normas permanentes varias de las atribuciones entregadas a la fuerza pública, mediante la aplicación del Estatuto de Seguridad, criticado en diversos escenarios por las continuas violaciones a los derechos humanos y persecusiones políticas a las éste dio lugar.
Por lo pronto, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema ya solicitó las necropsias efectuadas a los cadáveres de 16 personas muertas en la tragedia de noviembre de 1985, entre ellas las de Alamarales y los dos magistrados, dentro de la investigación preliminar que ya se encuentra en curso por el asesinato de Carlos Horacio Urán, declarado como un delito de lesa humanidad.
Los cargos que dieron origen a la presunta conducta punible son homicidio agravado, genocidio, tortura y desaparición forzada, según el ente acusador e investigador.