La procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, condenar al ex gobernador de Boyacá, encargado, Oscar Eduardo Riaño Alonso, por haber incurrido en concurso heterogéneo de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación, en su condición de gobernador de Boyacá a finales del año 2001, contrató de manera directa el mantenimiento de la vía Tibaná Sisa, por valor de 223.549.550 pesos, cuando por la cuantía debió hacerse a través de licitación pública, dice el informe de la procuraduría General.
Según la Procuraduría, el ex gobernador adelantó la contratación vulnerando los principios constitucionales y legales que rigen la inversión de los recursos públicos.
A juicio del órgano de control, el ex gobernador incurrió en la conducta punible de contratar sin cumplimiento de requisitos legales en relación los contratos 031 y 033 de 2002, que apuntaban al mismo objeto contractual, toda vez que los fraccionó para eludir el trámite licitatorio, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, esenciales a la contratación estatal, precisa el informe.
Dice el pronunciamiento de la entidad de control que frente al contrato 031 de 2002, cuyo objeto fue modificado para contemplar la remoción de derrumbes, se presentaron sobre costos que menoscabaron el patrimonio estatal.
Para el Ministerio Público, si bien es cierto el procesado no fue quien directamente ingresó a su peculio o al del contratista los emolumentos estatales, si tenía la disponibilidad jurídica sobre los mismos, lo que se constituye en motivo de reproche, pues a su cargo estaba la custodia de los bienes públicos, "siéndole indiferentes este deber cuando acometió el incremento de los precios conforme aparece en el contrato 033 de 2002, de manera consciente y voluntaria", indica el informe.