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Corte niega su responsabilidad por demoras en estudio de referendo de cadena perpetua

El hecho de que el Procurador haya enviado primero el concepto del referendo reeleccionista habría determinado el orden enel estudio de cada iniciativa.

El Espectador
18 de febrero de 2010 - 08:05 a. m.

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, descartó la responsabilidad de la colegiatura en el hecho de que el referendo reeleccionista haya tenido prelación sobre el que busca castigar con cadena perpetua a los abusadores de menores, pese a que fue este último el que llegó primero a esa Corporación para su análisis constitucional.

Advirtió que los tiempos fueron determinados por el orden de llegada del concepto del Procurador General y, teniendo en cuenta que la postura de Alejandro Ordóñez frente a la iniciativa se conoció en una fecha posterior a la del referendo de la reelección, la Corte se vio obligada a invertir el orden, pues el vencimiento de los términos así se lo exigen.

Además, recordó González Cuervo, aún no se ha agotado el plazo para la entrega de la ponencia, por parte de la magistrada sustanciadora, María Victoria Calle, que se cumple el próximo 9 de marzo.

A partir de la entrega de esa ponencia ante la Sala Plena, empezará a correr el plazo final de sesenta días hábiles que la Ley le concede a la Corte Constitucional para que emita su concepto final.

El pronunciamiento se dio como respuesta a los reclamos de quienes respaldaron la iniciativa, que celebraron una acto de protesta este miércoles ante el Palacio de Justicia, reclamándole a los magistrados más celeridad en el estudio del referendo por ellos propuestos y menos prelación al reeleccionista, toda vez que su iniciativa fue la que primero conoció la colegiatura.

Para su principal gestora, la ex concejala de Bogotá, Gilma Jiménez, resulta inaudito que se le haya dado primacía a la iniciativa que busca indagar a los colombianos sobre la posibilidad de que Álvaro Uribe se presente a las elecciones presidenciales de 2010 y no a un proyecto que pretende que quienes cometan delitos en contra de los menores de edad sean sometidos a cadena perpetua.

Por El Espectador

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