Luego de que se revelara que al interior del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se estaban produciendo una serie de interceptaciones telefónicas ilegales contra varias personalidades de la vida pública, la Procuraduría anunció apertura de pliego de cargos en contra el Secertario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno.

La medida también cobija a los ex directores del organismo de seguridad, Jorge Noguera, por permitir interceptaciones y seguimientos iregulares; Andrés Peñate, por omitir su deber de poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades que se venían presentando, y María del Pilar Hurtado, por ordenar los seguimientos y entregar información reservada sobre el ciudadano Ascencio Reyes al Secretario de Presidencia, Bernardo Moreno. 

Así mismo, se incluyó en la apertura de cargos al ex subdirector de Operaciones, Carlos Alberto Arzalluz; al ex jefe de Inteligencia, Fernando Alonso Tabares; al ex subdirector de Iteligencia, José Alberto Lago, así como al director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, UIAF, Mario Aranguren, de quien se dice impartió instrucciones a funcionarios de la entidad para reunirse con agentes del DAS.

El procurador Alejandro Ordoñez aclaró que la medida contra el asesor presidencial, Bernardo Moreno, no se da en este momento porque haya realizado interceptaciones ilegales o las haya ordenado, sino por haber pedido información secreta y privilegiada a la UIAF.

Otro de los afectados con la medida es el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, porque supuestamente ordenó interceptar y seguir a varios ciudadanos sin contar con una orden judicial, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo llamara a juicio por el mismo proceso que, ese último caso, tiene implicaciones penales.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público pidió que se vincule al proceso a los ex funcionarios Enrique Ariza Rivas, Geancarlo Auque, Jeckeline Sandoval, Martha Inés Leal Duarte, Hugo Ortíz, Jorge Armando Iriarte, José Alexander Velásquez y Teresa Guzmán Cortés.

Cabe aclarar que todas estas conductas aún no han sido probadas y su enunciación por parte de la Procuraduría no deja tener el carácter de presunción, pues se trata de cargos susceptibles de ser controvertidos e incluso desvirtuados.