Bajo el juicio de la Policía Nacional quedó el supuesto plan descubierto por las autoridades para atentar contra la vida de tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de la reunión que protagonizaron integrantes del organismo con el fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago.
Aunque la Fiscalía no ha hecho referencia oficial al contenido de las interceptaciones, ElEspectador.com, pudo constatar que la mayor parte del riesgo se concertaron sobre el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, por cuanto el arribo de Mendoza al Palacio de Justicia, efectivamente, está relacionado con la amenaza latente que acecha a la Justicia.
El ente acusador no ha corroborado aún si las capturas efectuadas en el norte de Bogotá están relacionadas con este hecho, aún cuando versiones preliminares dan cuenta de que los dos supuestos sicarios aprehendidos sí estaban vinculados al plan.
Pese al hermetismo con el que se ha manejado la información, magistrados de de otras salas ya han manifestado no sorprenderse con este descubrimiento, pues consideran que hace parte de la cadena de persecuciones que ha sufrido el Alto Tribunal, como respuesta a trascendentales decisiones que han afectado intereses particulares, en contraposición con los de la Justicia.
De hecho, el presidente de una de las Salas, en diálogo con ElEspectador.com, dijo que este hecho se asemeja a otras situaciones de persecución, en busca de la obstrucción del normal desarrollo de los entes judiciales.
El mismo alto funcionario judicial advirtió que la Corte Suprema no se dejaría amedrentar por ese tipo de situaciones y que se iba a recuperar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades.