‘Aguantamos física hambre’, dicen ex trabajadores de Telecom en busca de su pensión

Sus actuaciones, dice una de sus líderes, los ha llevado a huir de la muerte en algunas ocasiones.

Giovanni González Arango
31 de marzo de 2010 - 11:16 a. m.

Física hambre dicen haber estado soportando algunos de los ex trabajadores de la desaparecida Telecom, luego de que, en su sentir, la empresa omitiera los compromisos adquiridos con ellos para reconocerles el derecho a la pensión.

ElEspectador.com dialogó con Mireya Beltrán, una de las afectadas, que responsabiliza al Estado por el obstáculo que ha surgido entre los operadores judiciales para pronunciarse de fondo frente a las demandas laborales a las que han acudido desde hace varios años, en busca de que se les reconozca el derecho que, insisten, les ha sido vedado.

El Espectador.com: Usted ha señalado insistentemente que Telecom le violó su derecho a hacerse a una pensión, ¿qué es lo que le exige a la Justicia?

Mireya Beltrán Rodríguez: Le exijo a la Fiscalía y a la Procuraduría que no actúen políticamente, sino en derecho; que se investiguen con celeridad y justicia las denuncias que yo interpuse. En la carta donde el Patrimonio Autónomo de Remanentes dice que me ofrecieron la pensión anticipada dentro del período comprendido entre el 10 y el 31 de marzo del 2003, manifiestan que no la acepté, cuando demostré lo contrario en carta de aceptación del 14 de marzo del 2003. Ellos ocultaron esa información en la acción de tutela presentada el 17 de febrero del 2007, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, pretensión rechazada, bajo los argumentos de la Circular 04 de septiembre del 2006, firmada por José Alfredo Escobar Araújo, presidente, en ese entonces, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El otro argumento del señor Juez fue el de extemporaneidad, a sabiendas que la pensión es un derecho adquirido y no tiene prescripción, pero lo importante es que ahí se reconoce mi derecho.

E.E.: ¿En que se amparó el magistrado José Alfredo Escobar para emitir la directiva que, para usted, ha impedido que los jueces se pronuncien de fondo en su caso?

M.B.R.: No lo sé; solo entiendo que dice que recibió del sindicato de trabajadores de Telecom, del Ministerio del Interior y del gerente de la empresa en liquidación de esa época, Javier Lastra, la solicitud que expidiera esa circular, para que no se viera afectado, por un lado, el erario público, y, por el otro, el pasivo pensional de los trabajadores ya pensionados. Eso fue lo que el Magistrado le expresó a la Comisión Primera Constitucional del Senado de Colombia, en citación que esta le hizo y que aparece en gaceta del Congreso de la República de noviembre 2 y 8 del 2006.

E.E.: ¿Por qué insiste usted en que se violaron acuerdos reconocidos por distintas autoridades para el pago de esa pensión?

M.B.R.: Se violaron las sentencias constitucionales C-044 del 27 de enero 2004 y la C-991 del 12 de octubre del 2004, que dieron paso a una sentencia unificada, la SU-388 del 13 de abril del 2005, que establece la protección especial, a nivel laboral, que debe cobijar a las madres cabeza, sobre todo en materia pensional. Tampoco  se respetó el acta 1782 de la Junta Directiva del 28 de febrero del 2003, donde surge un acuerdo entre el empleador y el empleado de total liberalidad, en el que se ofrece el plan de pensión anticipada a los que nos faltaban siete años, en cargo de excepción o cargos ordinarios, y solo lo hicieron para determinadas personas. 

E.E.: ¿Cuál fue el argumento de Telecom para no tenerla en cuenta en el pago de pensiones a sus ex trabajadores?

M.B.R.: Que la empresa Telecom en Liquidación no existe, que cambió la personería jurídica de esa firma. Sin embargo, la Empresa Nacional de Liquidación Telecom sí existe, de acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República, con respecto al Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR,  No.058-09 de julio 2009.

E.E.: ¿A qué acciones jurídicas acudió usted en el propósito de que se respetara lo que usted dice ya estaba pactado?

M.B.R.: Interpuse una acción de incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia unificada 388 de 2005 en el año 2006, y sí se me hizo extraño que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, de inmediato la archivó, sin prestar atención alguna. Desde ese momento empecé a investigar, ¿por qué los jueces de Colombia estaban tan apáticos a los casos de Telecom? Fue cuando encontré la circular 04 del 4 septiembre del 2006, instruyendo a los jueces de Colombia en el sentido de que Telecom no existía y que no se podía afectar el Patrimonio Autónomo de Remanentes, porque afectaba el pasivo pensional, pero eso no es cierto. Por eso he acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, ala Corte Penal Internacional. También presenté una recusación e contra del actual presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, por haber participado en la elaboración del Decreto que eliminó la personería jurídica de Telecom, cuando era Secretario Jurídico de la Casa de Nariño.

E.E.: ¿Ha tratado de solicitar el concurso del Gobierno frente al tema?

M.B.R.: Sí, le he enviado numerosas cartas, sin recibir respuesta positiva, dan traslado a todas partes, sin resolver nada. He acudido a la Presidencia de la República, al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, entre otras entidades, pero no he sido atendida.

E.E.: Usted ha señalado que muchos ex funcionarios de Telecom que vienen reclamando su derecho a la pensión han sido sometidos a presiones de distinta índole. ¿En qué consiste la persecusión de la que usted habla?

M.B.R.: Conozco un caso concreto. Esta compañera no quiere que se diga su nombre, en vista de que le tocó aislarse de Bogotá y cambiar de residencia. Ella no volvió a reclamar nada por miedo; ella reclama, más que todo, el derecho como madre cabeza de familia, la protección del Reten Social. Además, tengo certeza de que  tres días después de que interpuse las denuncias por la Circular 04 del 4 septiembre del 2006, llegó un sicario a Villavicencio, Meta, para contratar otro sicario, con el fin de que éste acabara con mi vida. He dado otros detalles en la ampliación de denuncia que interpuse ante la Fiscalía. Ha habido seguimientos, amenazas fuertes, bloqueos telefónicos, llamadas donde me dicen que me cuide, porque un indigente me puede matar y que son muertes por terceros. No digo más, porque se pueden aprovechar mis enemigos. 


E.E.: ¿Esta situación le ha generado penurias económicas?

M.B.R.: Sí, pasé dificultades económicas el año pasado; aguanté la física hambre, debido a que mi única alternativa económica es el derecho a mi pensión en Telecom. Ahora recibo mesada pensional, pero con el temor que nos la van a quitar porque estamos amenazadas por la Corte Constitucional de Colombia, porque esta Corporación podría declarar su inexequibilidad, porque dice que a la pensión anticipada no tenemos derecho, pues la empresa no existe; me quitan eso y vuelvo aguantar hambre con mi hijo.  Además, conozco el caso de varias compañeras con cáncer de cuello uterino, inválidas, abandonadas por sus esposos, ultrajadas, humilladas por sus familias, niños huérfanos, donde sus padres han muerto o hijos de compañeros que han muerto porque no tienen cómo suministrarles nada; también han fallecido sus padres, por falta de dinero. Todo esto radica en el hecho de que no se haya hecho justicia.

E.E.: ¿Se siente segura ahora, tras las acciones que usted y sus compañeros han ejercido en el propósito de hacerse a la pensión?

M.B.R.: No tengo medidas de protección. La Defensoría no ha podido hacer nada y, por otra parte, creo que al Gobierno no le interesa proteger a quienes lo denuncian; éste tiene su propia red de informantes o de cooperantes que actúan es contra los que denuncian, para crear temor y que uno se calle. 

E.E.: ¿En qué radica la coincidencia en las irregularidades que han surgido en todos estos procesos liquidatorios?

M.B.R.: En la corrupción, porque, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cierran las puertas, no dejan entrar a nadie y se vuelven entes de propiedad privada y nadie los vigila. Como ahora el decir de la Procuraduría y Fiscalía, que son empresas privadas las liquidadas y que no las pueden intervenir. Eso no es cierto; manejan capital del Estado y deben  por los procesos asumidos en la liquidación, como una herencia.
 

 

Por Giovanni González Arango

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