Con medida de aseguramiento fueron cobijados 23 dirigentes y ex servidores de la administración pública del Urabá Antioqueño, por mantener presuntos nexos con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Así lo determinó un Fiscal de la Unidad Antiterrorismo, que determinó que la materialización de esta orden debe hacerse efectiva a través de la detención preventiva, tras dos semanas del operativo adelantado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en la que fueron capturados los hoy asegurados, la más notable de las acciones que ha adelantado el organismo en la zona, en el marco del escándalo de la parapolítica.
Al parecer, tales dirigentes hicieron parte del pacto denominado "Urabá grande, unido y en paz", un audaz pacto político militar establecido entre paras, dirigentes políticos y grandes comerciantes de la región, que buscaban su "refundación".
El accionar de los paras, supuestamente asistidos por la clase dirigente, estuvo guiado por el exterminio y el destierro de algunas organizaciones civiles, movimientos sindicales y agrupaciones políticas de izquierda otrora influyentes en esa zona del noroccidente colombiano, fuertemente golpeada por la presencia del paramilitarismo en los años 90.
Según la Fiscalía, el ex comandante del Bloque, Freddy Rendón Herrea, alias "El Alemán", se había propuesto diseñar un meticuloso plan para controlar todas las instancias del poder en el Urabá e, incluso, extender sus dominios hacia la Asamblea Departamental de Antioquia y la Cámara de Representantes.
Fue bajo tal premisa que el grupo paramilitar se hizo a la tarea de controlar los comicios electorales de 2000, 2003 y 2006, según lo informó el ente investigador y acusador.
La medida afecta a Gustavo Germán Guerra Guerra, alcalde de Arboletes; Alberto José Jiménez Martínez, aspirante en 2006 a la Cámara de Representantes; Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez, ex alcalde de Necoclí; Guillermo Ceren Villorina, notario único del Círculo de Turbo; William Saleme Petro, ex diputado a la Asamblea; Carlos Nascar Pájaro Torres, ex alcalde de San Juan de Urabá; Gladis Elena Bedoya Ramírez, funcionaria de la Alcaldía de Apartadó; y Jairo Alberto Banquet Páez, ex concejal de Turbo.
La Fiscalía les imputó cargos por su supuesta responsabilidad en el cargo de concierto para delinquir agravado, que pudo surgir de las supuestas relaciones entre los ex funcionarios y los paramilitares.