Muchos de los ex trabajadores de Telecom continúan exigiendo reconocimiento de beneficios a los que no tienen derecho, señaló la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, a magistrados y jueces de Tribunal que dediquen especial atención al estudio de tutelas y demandas que buscan que el Estado reconozca los supuestos compromisos adquiridos con los ex funcionarios.
El Ministerio Público manifestó que tales concesiones pueden ir detrimento de las arcas de la institucionalidad y de ahí que solicite el concurso de los operadores judiciales, para evitar daños, en ese sentido, pese a que los representantes de los ex empleados señalan que son los entes estatales quienes han vulnerado sus garantías constitucionales.
"A través de la Directiva nro.006 expedida recientemente, el jefe del Ministerio Público alertó a los señores Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura , Magistrados de Tribunal y Jueces de la República que estas tutelas interpuestas contra el PAR Telecom (organismo constituido a raíz de la liquidación de Telecom) están encaminadas a obtener beneficios derivados del llamado Retén Social y/o del fuero sindical y beneficios convencionales de pensiones a que no tienen derecho pero que, según los accionantes, no se les concedieron oportunamente", señala el organismo.
Sin embargo, el Consejo de Estado anuló los decretos que dieron viabilidad jurídica a la liquidación de Teleupac, una de las asociadas de Telecom, debido a las omisiones que se presentaron en el proceso, especialmente, lo relacionado con el inventario de activos y pasivos, donde se encuentran los supuestos compromisos alegados por los demandantes.
Para el abogado, Álvaro Tirado, defensor de los ex funcionarios de la liquidada firma estatal, el pronunciamiento de esa colegiatura ha abierto las puertas a que sus poder dantes recurran nuevamente a los operadores de justicia, en busca del reconocimiento de sus derechos, pues por vía judicial se han ido reconociendo las irregularidades cometidas en los procesos de liquidación, omitiendo compromisos ya adquiridos con los trabajadores.
No obstante, la Procuraduría insiste en que muchas de esas acciones han derivado en la emisión de medidas cautelares sobre recursos por más de 20.000 millones de pesos, como sucedió en el embargo decretado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, que se suma a otras que habrían comprometido más de 200.000 millones de pesos.