Por su supuesta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de dos civiles en San Pelayo, Córdoba, cometida bajo la modalidad denominada en Colombia como "falsos positivos", fueron cobijados con medida de aseguramiento cuatro uniformados de las Fuerzas Militares.
Así lo anunció la Fiscalía General de la Nación, luego de la operación adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de Medellín, Antioquia, en la que fueron detenidos un suboficial y tres soldados profesionales.
La primera de las detenciones se produjo en el departamento del Cauca, donde las autoridades aprehendieron al cabo Rosemberg Saiz Forero, quien deberá responder ante un Juez por el delito de homicidio agravado, al lado de los soldados Pedro Vargas Duarte, Carlos Iván Ayala Ovalle y Edwin Miguel Julio Pérez, que fueron detenidos en guarniciones militares de Risaralda y Antioquia.
Los hechos materia de investigación se escenificaron el 12 de marzo de 2007, cuando el Gaula del Ejército reportó la baja de dos supuestos extorsionistas tras un enfrentamiento armado; uno de los cuerpos fue identificado como correspondiente al civil Enrique Taboada Ávila.
Sin embargo, el Fiscal Instructor constató que la finca San Antonio, donde se habría dado la confrontación no fue escenario del fuego cruzado aludido por los militares, lo que lleva a concluir que, presumiblemente, no se tratara de extorsionistas.
El ex comandante del Gaula del Ejército en el departamento de Córdoba, el capitán Antonio Rosso Valbuena, fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento, por los mismos hechos.