La Fiscalía pidió sentencia condenatoria contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por haber ordenando la retención de civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia, tras comporbarse que fue el militar quien comandó la operación de retoma del edificio.
El Ejército Nacional tuvo en control de la operación de retoma del Palacio de Justicia, tras la incursión de guerrilleros del M-19 en noviembre 1985, sostuvo la fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela maría Buitrago.
La funcionaria precisó que en el puesto de mando, ubicado en la Casa del Florero, fue el entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, quien estuvo al mando, controlando todos los movimientos de la Fuerza Pública dentro del edificio.
Añadió que la Policía Nacional le pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción en el operativo de retoma, lo que demuestra que era esta última fuerza la que tenía el control.
El ente investigador hizo uso de elementos de prueba que dan cuenta de la salida con vida de algunos desaparecidos, antes de la toma, como es el caso de Cristina del Pilar Guarín y Carlos Augusto Rodríguez, quienes fueron identificados plenamente en un video de archivo aportado por los medios de comunicación.
Añadió que el perfil de las personas que aún figuran como desaparecidas, muy seguramente, dio lugar a que las unidades de inteligencia del Ejército los considerara como sospechosos de haber colaborado con los guerrilleros del M-19, de donde puede surgir una explicación acerca del comportamiento de las Fuerzas Militares.
Indicó que hay aseveraciones contundentes en ese sentido, como la del militar (r) Edgar Moreno, que fue consciente de la presencia de la guerrillera desaparecida Irma Franco, que permanecía detenida en el segundo piso de la Casa del Florero, tanto, que tomó su teléfono para avisarle a sus familiares, versión que fue confirmada por ellos mismos y hasta por el comandante del Cuerpo de Bomberos de la época, Félix Gallardo.
La Fiscal Buitrago concluyó que está demostrada la culpabilidad del acusado en el delito de desparición forzada agravada, pues es claro que todavía hay muchos testimonios encaminados a que se mantenga el pacto de silencio que hasta ahora a reinado en torno a la suerte que corrieron al menos 11 de los muchos civiles que fueron victimizados en la retoma.