Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia pidieron el jueves a la Corte Constitucional que declare ilegales unas normas de 1997 que no reconocen a los desaparecidos de manera forzada como víctimas de la violencia política en el país.
Las normas demandadas son tres artículos de dos leyes de 1997 y 2002 que no incluyen expresamente a los desaparecidos y a sus familiares "dentro de la categoría de víctimas de la violencia política".
La exclusión es "discriminatoria y viola el derecho a la igualdad", dijo a Efe en Bogotá la directora de la Fundación "Nydia Erika Bautista" para los Derechos Humanos, Yaneth Bautista, autora de la querella junto al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia.
Ambas ONG recibieron el respaldo de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), las corporaciones Avre y Vínculos, numerosos familiares de desaparecidos y otras organizaciones del sector.
Unos 50.000 colombianos han sido víctimas de desaparición forzada en medio siglo en Colombia, según cálculos de la Fiscalía General, mientras que un comité nacional de búsqueda ha documentado 7.000 casos entre 2002 y 2009.
La directora de la Fundación "Nydia Erika Bautista" denunció que la exclusión de los desaparecidos y sus familiares ha sido tomada como argumento por funcionarios de entidades estatales para no reconocerles, a los segundos, ayuda humanitaria.
Ante la omisión legal, estos funcionarios exigen a las familias que obtengan y presenten un "certificado de defunción para acceder a la ayuda humanitaria" , agregó la activista.
Es una exigencia que "resulta imposible por no haber sido encontrada la víctima viva o muerta", prosiguió Bautista.
En su defecto, se "les insta a declarar a sus familiares muertos a través de un proceso civil de declaración de muerte presunta, requisito a todas luces desproporcionado para quien no ha podido vivir el duelo".
La Fundación "Nydia Erika Bautista" fue creada por la familia de la socióloga y economista del mismo nombre, detenida y desaparecida en agosto de 1987 por militares que posteriormente la asesinaron.
Los restos de la mujer, guerrillera del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19), fueron encontrados en septiembre de 1990 en un cementerio de una localidad del centro del país.