Corte le apuesta a los niños desplazados

El alto tribunal determinó que los esfuerzos del gobierno para proteger a los niños desplazados ha sido "insuficiente para hacer frente a las graves violaciones de sus derechos fundamentales".

La Corte encontró que en Colombia el 50 por ciento de la población desplazada es menor de 18 años, por eso mediante el auto 251 de 2008, ordenó una serie de programas, políticas y proyectos enfocados a protegerlos, poniendo especial cuidado en los más pequeños.

La orden del Tribunal está enfocado a dos frentes, el de la prevención y el de atención. En el segundo el gobierno nacional está obligado a incluir a una serie de organizaciones no gubernamentales que buscan la protección de los derechos de los niños.

El magistrado Manuel Cepeda indicó que la Corte se curó en salud dándole vía libre al gobierno para que se "salte" todas las trabas burocráticas que pueda encontrar durante la implementación de los proyectos, que tienen un plazo máximo de 6 meses.

De igual forma la Corte le envió un listado con 18 mil niños, sus datos y los de sus padres, para que a partir de ellos se empiecen a implementar los proyectos de protección, haciendo la salvedad, de que sin embargo no sólo deben cubrirlos a ellos.

En un plazo de tres meses, el gobierno deberá visitar a los niños y hacer una primera mirada a su situación económica, psicológica y de salud.

La Corte Constitucional determinó que los niños desplazados están expuestos a "riesgos especiales", entre los que se encuentran los crímenes de los actores armados contra su vida, el reclutamiento forzado (calculan que entre 11 mil y 14 mil menores de edad están militando); sufrir los estragos de las minas antipersona; ser víctimas de violencia sexual, para empezar.

Como uno de los argumentos del tribunal para dar la orden al Gobierno está que "ante la Corte se demostró que para un bebé, niño, niña o adolescente, la experiencia vital del desplazamiento forzado es intrínsecamente distinta de lo que puede ser para un hombre o una mujer adultos".

El Alto tribunal determinó que los niños desplazados están gravemente enfermos de anemia, destacando que los 71 por ciento de  los menores de 2 años está afectado.