Fabio Hernández, presidente del gremio dijo que llevara la propuesta al Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, esta tarde en la que le plantea que el aumento salarial sea de 230 mil millones, esto es cerca de un 40% de su aspiración inicial.
Este cambio, según dijo Hernández, sería un comienzo para que se llegue a un acuerdo con el Gobierno y se pueda dar solución al paro.
De acuerdo a la investigación que se adelanta en contra de los funcionarios judiciales, Hernández dijo que es algo que "no contribuye a nada en la búsqueda de una solución clara de este conflicto laboral".
El sindicalista consideró en declaraciones a la prensa que el CSJ cree que "sancionando y amedrentando a los funcionarios logrará sofocar la movilización".
El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, Angelino Lizcano, anunció el domingo, en un comunicado, que abrirá investigaciones disciplinarias contra los miles de funcionarios del Poder Judicial en huelga desde el pasado 3 de septiembre.
La Sala Disciplinaria asumirá los casos de magistrados y fiscales delegados, en tanto que las secciones del CSJ en las capitales del país gestionarán los procesos contra los empleados de otros niveles, precisó Lizcano, quien advirtió de que se puede solicitar la suspensión del cargo de funcionarios mientras avance la causa.
El sindicalista Hernández reconoció que: "nosotros sabemos que tenemos que enfrentar seguramente procesos disciplinarios e investigaciones" por efecto de la huelga.
"Pero tenemos el convencimiento de que, actuando dentro de la legalidad, dentro del marco constitucional y en forma pacífica como se ha hecho hasta ahora, al final no va a haber ningún inconveniente", añadió el presidente de Asonal Judicial.
Hernández dijo que un encuentro nacional de delegados del sindicato decidió el sábado mantener la huelga, a pesar del anuncio del CSJ y de la declaración previa, por parte del Gobierno, de un estado constitucional de excepción para afrontar la crisis judicial.
El presidente, Álvaro Uribe, recurrió el pasado jueves a la figura de la conmoción interior para promulgar decretos de emergencia que permitan afrontar los efectos de la parálisis.
La posibilidad de éxito de este movimiento está en que el Gobierno y el CSJ no podrá expulsar, sancionar o destituir a 43.000 huelguistas, sostuvo Hernández, quien se afirmó en que Asonal Judicial mantiene abierta la búsqueda de una solución negociada.
Los funcionarios judiciales exigen al Ejecutivo una nivelación salarial que está pendiente desde 1992, así como respeto a la autonomía e independencia del sector.