Esta declaración de la alta delegada de las Naciones Unidas se da luego de su extensa visita al país, en momento en los cuales la opinión pública aún reacciona frente al escándalo de la destitución de varios generales por los posibles ‘falsos positivos', realizados a través de la desaparición de humildes muchachos trabajadores.

Por eso, al ser preguntada sobre el tema Pillay este sábado en Bogotá, manifestó que en caso de que el Gobierno Nacional no considere conveniente una investigación de los organismos judiciales del país acerca de ésta irregularidad, lo podrá hacer la CPI.

Pero la Alta Comisionada fue mucho más al fondo de las cosas y dejó ver su preocupación porque las desapariciones puede ser una práctica sistemática en Colombia.

La delegada internacional terminó el sábado una visita oficial a Colombia de seis días, durante los cuales observó cuando el presidente Alvaro Uribe relevó a docenas de militares presuntamente implicados en delitos de ese tipo.

"Nosotros estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales (en Colombia) y parece ser que efectivamente sea sistemática esta práctica", advirtió Pillay.

Un total de 27 militares, incluidos tres generales, fueron destituidos por su supuesta implicación por acción o negligencia, en la desaparición y posterior asesinato de 11 hombres de una barriada del sur de la capital colombiana.

Pillay valoró que el que el gobierno relevara a los 27 militares, pues le pareció "una buena señal para que esas atrocidades no sean toleradas". .

La funcionaria de Naciones Unidas calificó de "valiente" la actuación de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por procesar a más de 70 políticos con presuntos vínculos con paramilitares, grupos de extrema derecha que están acusados de perpetrar cientos de masacres y despojar de tierra a campesinos, entre otros crímenes.

Pillay también mostró su preocupación por la "vulnerabilidad" en que se encuentran en Colombia defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, "quienes son estigmatizados y a menudo atacados o amenazados por el trabajo que realizan".

Finalmente, Pillay pidió que las Farc liberen "de inmediato y sin condiciones" a todos los secuestrados que tienen en su poder.

"La toma de rehenes, en la que las personas son mantenidas en las condiciones más infrahumanas (...) puede ser considerada un crimen de lesa humanidad", aseveró Pillay, aunque en su declaración no nombro directamente al grupo rebelde.