El coronel Santiago Herrera, quien fue destituido, está siendo investigado por presunta negligencia en ejecuciones extrajudiciales, ya que era el comandante de brigada móvil XV en el municipio de Ocaña donde hace dos meses fueron hallados en fosas comunes los cuerpos de 11 hombres.

Todos los fallecidos eran oriundos de Soacha y fueron reportados como desaparecidos por sus familiares entre enero y agosto de este año.

Pero al investigar el caso de Soacha, la Fiscalía encontró testimonios que involucrarían a Herrera en desapariciones y ejecuciones ocurridas en 2007, dijeron fuentes judiciales que declinaron ser identificadas por carecer de autoridad para hablar públicamente del tema.

La Fiscalía tiene en sus manos testimonios y pruebas documentales que comprometen a Herrera con al menos otros 11 asesinatos perpetrados entre marzo y octubre del 2007 en la región del Catatumbo, también en el noreste del país, donde opera la Brigada Móvil que comandó entre julio del 2006 y fines del 2007.

En una entrevista con la AP, el coronel negó cualquier irregularidad y dijo que durante toda su gestión en la Brigada se produjeron 53 bajas de presuntos guerrilleros, de las cuales dijo sólo una está bajo sospecha de organismos como Naciones Unidas. En el mismo lapso de su gestión murieron al menos una decena de soldados, en combates o en campos minados, así como otros 29 resultaron con mutilaciones por esas minas.

Entre otras pruebas, dijeron las fuentes, la Fiscalía cuenta con una declaración dada en diciembre a la Procuraduría General por el sargento Alexander Rodríguez, que estuvo en la Brigada comandada por Herrera.

Rodríguez dijo a los investigadores ser testigo de la forma como algunos integrantes de la Brigada asesinaban a civiles, que después eran reportados como guerrilleros dados de baja en choques con la fuerza pública, relataron las fuentes.

Tras sus denuncias, Rodríguez fue retirado del Ejército por decisión de sus mandos castrenses, ingresó al programa de protección de testigos de la Fiscalía General, del que posteriormente se retiró este año de forma voluntaria y ante desavenencias con el ente investigador, agregaron las fuentes.
Herrera es uno de los 27 militares, incluido tres generales, que fueron destituidos el 29 de octubre por el gobierno por su presunta negligencia en procedimientos castrenses y que pudieron desembocar en las 11 ejecuciones extrajudiciales denunciadas en Soacha.

Aunque la Fiscalía aún no formula cargos penales ni ordena detenciones de esos 27 militares, la investigación, advirtieron las fuentes, revela que viejas denuncias de grupos no gubernamentales y de parientes sobre ejecuciones podrían abarcar otros casos que impliquen a unidades comandadas por los destituidos.

Ya antes del caso de Soacha, la Fiscalía investigaba a 803 militares por 1.015 aparentes homicidios de civiles.

Herrera dijo que nunca ordenó un asesinato de un civil, y afirmó que ya estaba fuera de la Brigada cuando se produjo el caso de Soacha. La brigada móvil, con unos 2.300 hombres, fue creada hace tres años.

Agregó que el testigo en su contra, el sargento Rodríguez, carece de toda credibilidad porque durante su paso por el Ejército desde 1990, tuvo decenas de reprimendas y castigos por faltas que iban desde llegar ebrio hasta ausentarse sin permiso.

"Él (Rodríguez) tiene más credibilidad que yo con 28 años en el Ejército?" , se preguntó el coronel retirado, admitiendo, sin embargo, que casos como el de Soacha han hecho que las fuerzas militares pierdan credibilidad entre la población.

"Hace un año tener (puesto el uniforme militar) el camuflado, era un honor, ahora es estigma", se quejó el coronel, de 43 años.