Igualmente pidieron al presidente Álvaro Uribe que de manera inmediata se llame a calificar servicios al comandante de la IV División del Ejército y a todos los militares que están implicados en estos horrendos crímenes.

Los familiares de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales llegaron a Bogotá desde distintas zonas rurales del departamento del Meta, territorio en el que se registraron las bajas, dijo el abogado Ramiro Orjuela, defensor de muchos de ellos.

Las víctimas, según sus parientes, fueron registrados como falsos positivos por las brigadas móviles 12, 3, 4, y de los batallones 21 Vargas y Joaquín París.

También de la llamada Fuerza de Tarea Omega y Fuerza de Despliegue Rápido con jurisdicción en los municipios de Vista hermosa, Puerto Rico, La Macarena y Puerto Concordia en el Meta e igualmente de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.

Todas esas unidades están adscritas a la IV División del Ejército que tiene sede en Villavicencio, capital de Meta, y que es comandada por el general Guillermo Quiñónez.

Además de exigir "verdad y justicia", los familiares llegaron con leyendas y fotografías de sus seres queridos e intentan entregar al fiscal un documento con las peticiones, dijo el abogado Orjuela.

"No somos guerrilleros, no representamos a la guerrilla ni a ningún grupo armado legal e ilegal, nadie nos representa, solo nos mueve el dolor, la rabia y la burla de los criminales que disfrutan de sus premios a costa de la tragedia de nuestras familias", dijo por su parte uno de los portavoces de los familiares.

En un comunicado distribuido por los mismos manifestantes piden al fiscal general, Mario Iguarán, "que se haga justicia" y que "los responsables sean llevados a cárceles comunes, como lo que son, criminales".

Añaden que "ya es hora que se pase de las 'investigaciones exhaustivas' a los resultados concretos".

Hace dos semanas un total de 27 miembros del Ejército fueron destituidos y el comandante de esa fuerza, general Mario Montoya, renunció a su cargo tras el escándalo por la desaparición de una veintena de jóvenes de Soacha, localidad vecina a Bogotá, y que fueron presentados a los pocos días como bajas en combate o "positivos" militares.

La semana pasada se informó que Estados Unidos suspendió la asistencia a tres unidades militares por estar involucradas en el escándalo derivado por las supuestas ejecuciones extrajudiciales.