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“Fiscal Aldana acaba de aceptar. Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa”, fueron las palabras del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para dar la noticia de que Rodrigo Aldana aceptó cargos por recibir un apartamento que le entregó Otto Bula a cambio de intentar beneficiarlo en un proceso de extinción de dominio. Aldana, quien cambió de parecer en menos de 24 horas -en un principio se declaró inocente- terminó por confirmar lo que desde hace un año y medio se denunció en el interior de la Fiscalía y reveló El Espectador: que existían sospechas por manejos irregulares en casos en los que se perseguían bienes de la mafia. (Lea: "Los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Aldana")
La decisión de Aldana de aceptar cargos se fundamentó en un hecho crucial: su relación amorosa con Margarita María Useche, la mujer a la que se le escrituró en agosto de 2015 el apartamento 1117 del edifico Pentagrama en Bogotá, con el que Otto Bula le pagó sus favores como fiscal. Aldana se derrumbó apenas supo que la Fiscalía descubrió su relación con Useche, quien terminó aceptando también su responsabilidad por prestarse para ocultar el bien. Fue en un interrogatorio en el que la mujer no logró explicar cómo compró el apartamento. (Puede ver: "Fiscal Rodrigo Aldana aceptó beneficiar a Otto Bula")
La Fiscalía, al conocer las inconsistencias del negocio del apartamento, hizo una inspección a las oficinas de la Fiduciaria Alianza, pues de ahí salió la plata. Hablaron con uno de sus funcionarios y descubrieron que el dinero salió de un fondo de la Constructora Umbral, la cual le debía más de mil millones de pesos a Otto Bula. La transacción se hizo luego de que Aldana proyectara una resolución en junio de 2015 en la que cerraba el proceso de extinción de dominio que comenzó en 2012 contra la sociedad agropecuaria El Central, la empresa de Bula que tenía en su poder tres predios que hacían parte de los bienes que le querían arrebatar a los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyenforff.
Ese expediente era el número 11028. Pero para entender cómo la Fiscalía descubrió el negocio de Aldana y Bula hay que retroceder hasta el 13 de noviembre de 2015. Como lo reveló El Espectador, ese día fue denunciado por la entonces directora de Fiscalías Especializadas, Caterina Heyck, quien le dijo al exfiscal general Eduardo Montealegre que Aldana se había negado a trasladar una serie de procesos sobre los que ya no tenía competencia luego de ser nombrado como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, adscrito al eje temático de investigaciones contra la corrupción de funcionarios en la administración de justicia. Según la denuncia, se había presentado irregularidades que, a su vez, fueron confirmadas por escrito por la Dirección de Lavado de Activos y la Dirección de Extinción de Dominio.
Antes de llegar al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal, Aldana había sido asignado en 2012 como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico y se encargaba de procesos delicados contra la mafia. El mismo Aldana dijo que su negativa de devolver los expedientes no era porque estuviera cometiendo irregularidades, sino que esa determinación la podía tomar solo el fiscal Montealegre. Cosa muy diferente a lo que hoy demostró la investigación y que él mismo aceptó: la demora de entrega de esos expedientes se dio mientras buscaba la forma de beneficiar a Otto Bula.
En la denuncia también se menciona el expediente 3452, un proceso de lavado de activos que involucraba a los Comba y sus familias. En éste, al parecer, la idea era que quedaran en manos de quien manejaba la Dirección contra Bandas Criminales, el fiscal Álvaro Sarmiento, quien también fue denunciado. Por esa razón, supuestamente, se había demorado en devolver los expedientes. Sin embargo, Aldana negó cualquier irregularidad en esa investigación o relación con el fiscal Sarmiento, también investigado por estos hechos.
Rodrigo Aldana era un viejo conocido de la Fiscalía. Entre 1993 y 2002 hizo parte de la entidad, pero fue declarado insubsistente por el exfiscal general Luis Camilo Osorio. Regresó a la entidad en 2011, cuando ingresó como fiscal de carrera. Pero con la llegada de Montealegre comenzó su ascenso. En 2012 fue designado como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico y cargo en el cual recibió más de 80 expedientes contra la mafia, entre los que estaba el de los hermanos Álvarez Meyendorff -por el cual terminó preso- y los Comba.
Durante esa época a su despacho llegaron varios testigos, entre ellos uno muy particular: Andrés Vélez, el denominado falso testigo de la parapolítica. Ambos entablaron una relación cercana, al punto que Aldana fue quien terminó llevando a Vélez ante la Corte Suprema de Justicia y a declarar en uno de los casos más sensibles de la era Montealegre: el expediente contra la excontralora Sandra Morelli. ¿Por qué es importante Andrés Vélez? Este personaje terminó siendo uno de los puntos en común entre Otto Bula y el fiscal Aldana. Además, se convirtió en uno de los testigos del caso que hoy tiene tras las rejas a Aldana, pues fue uno de los que reveló detalles de las reuniones entre el excongresista y el funcionario. (Le puede interesar este artículo sobre la realción de amistad entre Bula, Vélez y Aldana)
Por ahora se desconoce si el fiscal Rodrigo Aldana empezará a colaborar con las autoridades y aclarar todos los señalamientos en su contra por manejo irregular de procesos de extinción de dominio contra la mafia, en el que también podrían estar implicados otros funcionarios. El Tribunal Superior de Bogotá decidió imponer medida de aseguramiento contra Aldana y la Fiscalía le insistió al Inpec que evitara enviarlo a un club de oficiales, pues se trataba de un funcionario corrupto: “Requerimos del Inpec mantener en centro ordinario al cohechador del fiscal Aldana. Permanece inconsultamente en el Club Oficial”