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La Fiscalía identificó las tres prácticas desarrolladas por las Farc en su política de desaparición forzada: la primera fue el control de sus propias tropas a través del fusilamiento; la segunda se relaciona con el reclutamiento forzado y la tercera con el control social y territorial de las regiones en las que hacían —y hacen todavía— presencia. Así quedó registrado en un informe de la Unidad de Justicia y Paz que fue conocido por El Espectador.
Al cruzar documentos de las nueve conferencias de las Farc en su historia, sus estrategias de guerra de guerrillas, la constancia en archivos de los computadores decomisados a sus jefes de operativos de control sobre poblaciones, las directrices trazadas para reclutar hombres y menores de edad, las confesiones de comandantes guerrilleros, entre un largo etcétera de evidencias documentadas, la Fiscalía elaboró un reporte sobre 100 casos específicos de desaparición forzada entre 1984 y 2005.
Estos casos perpetrados por el bloque Oriental, comandado hasta su muerte en 2011 por el Mono Jojoy, son apenas una pequeña muestra representativa que le sirve a la Fiscalía para armar el rompecabezas de la desaparición forzada promovida por la guerrilla de las Farc e, incluso, para proyectar la magnitud de este crimen de lesa humanidad. En el documento se lee, por ejemplo, que entre 1999 y 2002, justamente en los años en que el presidente Andrés Pastrana despejó 42 mil kilómetros cuadrados para dialogar con esta guerrilla, se cometió el 60% de las desapariciones estudiadas.
Si se discriminan las víctimas por departamento, se encuentra que Cundinamarca puso la cuota más alta, seguido por el departamento del Meta, con el 63% y el 30%, respectivamente. Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 26 y 64 años de edad. En el 91% de los casos eran hombres. En el 67% de los hechos el desaparecido era oriundo de la región donde se perdió su rastro. Lo cual indica que las Farc tenían como política el control social de los lugares en donde sus fusiles imponían la ley.
Ninguna de las víctimas pertenecía a una minoría étnica, dice el informe. Y, según su oficio, el 36% eran agricultores o campesinos, un 30% trabajadores, un 16% comerciantes, un 7% estudiantes, un 3% amas de casa y el 2% agentes del Estado. “Dentro de la calidad de víctimas se encuentra la población civil con un 86%. En cuatro de los casos se estableció que la víctima era integrante de las Farc”, sostiene el reporte de Justicia y Paz. En uno de los casos se documentó que tenía una discapacidad.
Al delimitar las víctimas por mecanismo se encontró que el 51% fueron desaparecidos a la fuerza; el 32%, mediante amenazas o intimidaciones, fue obligado a irse con las Farc; un 7% más fue engañado y del 10% restante no se tienen mayores datos. El reporte indica además que el móvil para desaparecer a estas personas era, en su orden, presuntos vínculos con el ‘enemigo’ —sin que se especifique mucho a cuál se hace referencia—, el control territorial del frente guerrillero y, por último, la muerte del subversivo sublevado.
Estos datos se cruzaron con los entregados por los familiares de estas 100 víctimas, que en el 66% de los casos, de sus seres queridos jamás volvieron a tener noticia por cuenta del control social territorial, y en un 12% debido a que fueron señalados de colaborar o con el Estado o con las autodefensas. Otras víctimas también lo fueron porque resultaron confundidos “por el verdadero objetivo”, porque manejaban recursos estratégicos de los que querían apropiarse las Farc y porque se negaron al cobro de vacunas.
En conclusión, se advierte que la política de desaparición forzada de las Farc se desarrolló casi siempre contra la población civil, sin distinción de género, edad o etnia. Además, se afirma que el reclutamiento puede enmarcarse dentro del delito de desaparición forzada en tanto jamás la familia vuelve a saber nada de quien termina por terciarse un fusil al hombro, “indistintamente si el reclutamiento fue voluntario o forzado”.
Mientras en La Habana, Cuba, las cartas de la agenda política de negociación se destapan cada vez más, la agenda judicial de las cuentas pendientes de la guerrilla hace lo propio.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9