Al considerar que el expediente de los desaparecidos del Palacio de Justicia es uno “de los casos de mayor complejidad del Estado colombiano, no sólo por las presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos que son alegadas, sino por las circunstancias en que se presentaron los hechos y los años transcurridos desde entonces”, el Estado suscribió un contrato en 2008 con el abogado Jorge Enrique Ibáñez Najar por un valor de $105 millones.
No obstante, a pesar de que Colombia sabía lo que se estaba jugando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la estrategia de defensa que estructuró durante años Ibáñez Najar —este diario sólo pudo conocer el contrato que firmó en el año 2008, pero se sabe que ofició como agente del Estado hasta 2012— terminó en el limbo y a escasos cuatro días de que se venciera el plazo para responder a la demanda en la OEA, súbitamente fue designado como su reemplazo el abogado Rafael Nieto Loaiza.
El centro de la controversia de hoy versa en que nadie da razón de por qué tuvo que improvisarse en un caso tan delicado cuando en el objeto del contrato del año 2008 con el abogado Ibáñez Najar, la Cancillería dejó constancia de lo sensible que era este proceso en una corte internacional. A pesar de que este diario se comunicó con la oficina de Ibáñez Najar, al cierre de esta edición no había sido posible conocer por qué se retiró del caso y si es verdad, como se sugiere, que la cúpula de las Fuerzas Militares vetó su línea de defensa.
Aún más, la actual directora de la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, señaló ayer que el Gobierno no estaba satisfecho con el escrito del abogado Nieto Loaiza —un documento de 394 páginas terminado en tres días—, en el cual se niega de plano la existencia de desaparecidos, pues ella sostuvo que se sabe por lo menos de la existencia de dos personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y de las que nada volvió a saberse: la subversiva Irma Franco y el administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez. Además, sin rodeos, prácticamente desautorizó la defensa de Nieto y dijo que se estaban examinando opciones en caso de no llegar a acuerdos con él.
En su defensa, Nieto —quien, según Caracol Radio, obtuvo dos contratos por un valor de $406 millones para este caso— resaltó que siempre se informó al alto gobierno de su estrategia de defensa, hoy en entredicho. Al margen de una controversia que sigue encendida, queda claro que el Gobierno improvisó como nunca en un expediente en el que no se podía dar ese lujo. Si bien es cierto que el Estado ha sido condenado en repetidas ocasiones, en todos los casos que han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguno tenía las dimensiones, características, repercusiones o valor histórico del proceso del Palacio de Justicia.