Así investigó la Fiscalía los falsos positivos y el cartel de Bogotá

Al final de la Fiscalía de Viviane Morales, en marzo de 2012, el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá no pasaba del ventilador que ya habían prendido los primos Nule tras su regreso de Italia a Colombia y las primeras sospechas sobre el exalcalde Samuel Moreno Rojas. Fue sólo cuando el caso lo tomó el fiscal Juan Vicente Valbuena —a pesar de la resistencia de varios testigos— que el expediente despegó. Cuatro años después, aunque todavía hay muchos entuertos por descubrir, la radiografía de la mano larga del cartel que saqueó a Bogotá es contundente: dos congresistas condenados, el exalcalde Moreno Rojas con una sentencia de 18 años a sus espaldas, el otrora todopoderoso exgobernador Álvaro Cruz aceptando cargos y enfrentando una pena que rondaría los 10 años, entre un largo etcétera de exfuncionarios y particulares que terminaron en prisión.

Cuando Valbuena empezó a revisar el expediente, en el que Jaime Alonso Zetien ya oficiaba como fiscal de apoyo, supo que necesitaba refuerzos. Entonces propuso que se uniera al equipo Claudia Patricia Vanegas, una curtida investigadora que en las últimas dos décadas documentó los horrores de la violencia en Antioquia. Después vino la creación de un grupo élite de policía judicial y, una vez completos, lo que siguió fue el rastreo de las pistas y documentos que entregaron Emilio Tapia y Manuel Sánchez, dos de los testigos estelares del proceso. Las delaciones de este par —quienes aceptaron su participación en la empresa criminal que defraudó a Bogotá— llevaron a que los fiscales Vanegas, Valbuena y Zetien se zambulleran en pilas de documentos, contratos, pliegos, facturas, cheques y giros de un expediente repleto de coimas, comisiones y engrases.

Sin reclamar protagonismo, este grupo élite fue mapeando la corrupción y constató la ruta del fraude: multimillonarios contratos de malla vial —tanto en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como en la Unidad de Mantenimiento Vial— y, a partir de allí, la identificación de los brazos del cartel en el Concejo, las secretarías de Movilidad e Integración Social, la Personería y la Contraloría Distrital, la Empresa de Acueducto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Fondo de Vigilancia, la red de hospitales, el Instituto de Recreación y Deporte, la Empresa de Renovación Urbana la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud, donde tuvo un rol estelar el exsecretario Héctor Zambrano, ya condenado a 13 años de prisión y hoy testigo de la Fiscalía.

Para no perderse en esa maraña de contratos, testigos y delaciones, los tres fiscales priorizaron casos, como el famoso contrato de las ambulancias por $67.000 millones, por el cual acaba de ser condenado Samuel Moreno Rojas. Una sentencia que se suma a la de 14 años que ya le había impuesto la Corte Suprema de Justicia a su hermano, el exsenador del Polo Democrático y exalcalde de Bucaramanga Iván Moreno Rojas. Los nietos del teniente general Gustavo Rojas Pinilla terminaron así sus meteóricas carreras políticas. Pero la lista de salpicados es tan larga como las raíces mismas del carrusel: los exconcejales Orlando Parada, Andrés Camacho, Hipólito Moreno y Jorge Salamanca —ya condenados—, otros acusados, como José Juan Rodríguez, Wilson Duarte y Ómar Mejía, y varios más mencionados. Una decena de empresarios, el expersonero Francisco Rojas Birry, el exrepresentante Germán Olano y cinco intermediarios, todos sentenciados.

En ese listado negro también figuran el exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial Iván Hernández —se indaga si recibió engrases por más de $5.000 millones— e Inocencio Meléndez, exsecretario jurídico del IDU. En el entretanto, el excontralor Miguel Ángel Moralessrussi insiste en su inocencia, mientras la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, huye. Entre los prófugos también figura Javier Mejía, exgerente de la firma Patria, que pertenece al grupo empresarial de Conalvías. Precisamente a esa compañía se le cedió el contrato de la calle 26 en Bogotá, luego de que caducara el de los Nule por incumplimiento. Este negocio costó más de $150.000 millones. Andrés Jaramillo, hasta hace poco reputado dueño de Conalvías, fue citado por la Fiscalía a imputación de cargos el próximo 18 de mayo, y además tiene otros tres procesos activos, uno de ellos por lavado de activos.

Los fiscales Valbuena, Vanegas y Zetien se concentraron en procesos claves: la calle 26, 23 contratos más de malla vial, la adjudicación a 25 años del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá y el recaudo del mismo por un valor de $64 billones, el relleno Doña Juana, el suministro de alimentos para escuelas, colegios y jardines del Distrito, el túnel Tunjuelo-Canoas, así como contratos de vigilancia. La génesis del carrusel la denunció El Espectador en 2009 y un mantel fue prueba de ello. A ese mismo despacho, además, le correspondió avanzar en expedientes tan sonados como el de Martha Ligia Patrón, esposa del cuestionado magistrado Jorge Pretelt; el cartel de las empresas de vigilancia en Bogotá; las movidas de Carlos Albornoz y el saqueo a la Dirección de Estupefacientes, y hasta el caso de un exfiscal enredado por torpedear un proceso de restitución en Cartagena.

Sin embargo, ninguno tan difícil —incluido el del cartel de Bogotá— como el caso de los falsos positivos. Aunque el escándalo estalló en 2008, tras el aleve asesinato de 11 jóvenes de Soacha en Ocaña (Norte de Santander), tan sólo ocho años después la Fiscalía empezó por fin a ponerles nombres y apellidos a los generales que patrocinaron centenares de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El pasado 28 de marzo, un día antes de acabar el período de Eduardo Montealegre, fue capturado el general Henry William Torres Escalante por la muerte de dos campesinos ocurridas en Casanare en 2007. Fue el primer general activo capturado por este fenómeno criminal. En el momento de su detención, Torres Escalante se desempeñaba como jefe de Memoria Histórica del Ejército. “¡Imagínese la paradoja!”, le dijo a este diario un investigador.

Para reconstruir las evidencias que durante años no quiso ver la justicia, los fiscales Vanegas y Valbuena establecieron que durante la comandancia de Torres Escalante en la Brigada XVI en Casanare, el número de muertos reportados como guerrilleros abatidos fue atípico. Tras la valoración de contundentes testimonios, órdenes de operaciones y denuncias jamás investigadas, le dictaron medida de aseguramiento. Pero la noticia que se robó el protagonismo ese mismo 28 de marzo fue el anuncio de imputación al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, con ascendencia aún sobre la tropa y célebre por operaciones como Jaque, que permitió la liberación de 15 “canjeables”, incluida la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, el 2 de julio de 2008. ¿Cómo se hizo esta investigación que tiene bajo la lupa a una decena de generales más?

El Espectador conoció algunos detalles. Lo primero que se determinó fue la necesidad de establecer cómo y por qué se dispararon en brigadas y batallones específicos los reportes de guerrilleros abatidos en combate. El norte era preciso: la responsabilidad sobre estos crímenes no podía quedarse en cabos, soldados o capitanes. Para llegar al generalato que dio su aprobación o su silencio cómplice, los fiscales Vanegas y Valbuena empezaron por cruzar las bases de datos de los positivos militares con los de organizaciones de derechos humanos que venían denunciando a gritos los falsos positivos. Los resultados empezaron a marcar tendencias y a poner bajo sospecha a varios de los más condecorados troperos en las filas castrenses. Pero aquello no era suficiente. Había que rastrear las órdenes, probar la sistematicidad y documentar el modus operandi que se replicó en toda Colombia.

En ese contexto realizaron decenas de inspecciones judiciales a unidades militares en las que, sin embargo, los mismos subalternos de los generales bajo la lupa escondieron o desaparecieron información. Tras recuperar decenas de libros oficiales en los que se consignaban las órdenes que emitían por radio el general Montoya y los comandantes de divisiones y de brigadas —“Yo lo que necesito son ríos de sangre”, solía decirles Montoya—, los fiscales desecharon la tesis de las “manzanas podridas”. Luego llamaron a indagatoria e interrogatorio a 12 generales —en total se investiga a 22— y poco a poco fueron armando el rompecabezas. Les pusieron mil trabas. La Procuraduría intentó conocer la nuez de sus pesquisas; cada testigo que hablaba lo hacía muerto de pánico, y hasta razones les mandaron sobre el peligro que significaban sus hallazgos.

No obstante, vencieron sus temores, reforzaron sus esquemas de seguridad, mantuvieron la línea de investigación y arribaron a la aterradora conclusión de que durante la comandancia del general Mario Montoya —entre mayo de 2006 y noviembre de 2008— se diseñó un proyecto para hacerle creer al país que la guerra contra la subversión estaba ganándose cuando, en realidad, miles de civiles inocentes resultaron ser víctimas de esta empresa criminal. Para probar esa tesis los fiscales Valbuena y Vanegas decidieron escoger siete casos emblemáticos. A esto se sumaron las elusivas confesiones de algunos generales, quienes intentaron defender la teoría de las manzanas podridas. Sin embargo, ante el arsenal de evidencias empezaron a “cantar”. El Espectador conoció que más de ocho generales tendrán que declarar contra Montoya en juicio.

Las frías estadísticas y el análisis de esos resultados derivaron en conclusiones escalofriantes: miles de civiles perecieron bajo las balas de agentes del Estado y, lo que es aún peor, fueron presentados como guerrilleros, delincuentes o asesinos. Como colofón, quienes los ultimaron terminaron llenos de medallas, enviados a cursos en el extranjero o promovidos en la jerarquía militar. Una emboscada triple a la justicia. Entre las pruebas contra Montoya, El Espectador conoció que, por ejemplo, demoró durante varios meses la firma de una directiva del entonces ministro y hoy presidente Juan Manuel Santos que pretendía ponerles coto a las ejecuciones extrajudiciales. Al final, las pruebas de la Fiscalía revelan que muchos militares accedieron o cohonestaron estos asesinatos porque la presión de sus superiores era tan alta que prefirieron el silencio a la denuncia.

Hoy, además de Montoya Uribe y Torres Escalante, siguen investigados por ese despacho los generales Luis Roberto Pico, Óscar González Peña, Paulino Coronado, Ernesto Rodríguez Clavijo, Leonardo Gallego —por la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín— y hasta el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez. Todo indica que faltan aún muchos nombres para completar la radiografía de estos crímenes infames. El Ejército pide no confundir las responsabilidades individuales con las colectivas. Las madres de Soacha y todas las demás en Colombia piden justicia.