Así se descubrió la nueva red de chuzadas ilegales

La red de interceptaciones operaba desde los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. / Cortesía Fiscalía

Desde que salió a la luz la existencia de una red de interceptaciones ilegales dedicada a obtener información privada de empresas, políticos, integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios judiciales y particulares, con el propósito de venderla a terceros, varios implicados a la sombra tiemblan. Y no es para menos, ya que esta organización, con fachada de empresa de seguridad, logró obtener información sensible de personajes importantes del país. Pero ¿cómo se configuró esta red ilegal? “Todo fue una bonita casualidad”, aseguró a El Espectador una fuente cercana al proceso, pues dos investigaciones judiciales que parecían aisladas terminaron coincidiendo.

Todo comenzó el 4 de mayo de 2017, cuando un ciudadano presentó una denuncia contra una red de contrabando y robo de mercancía que operaba en la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. La Fiscalía investigó y surgió el nombre de quien, al parecer, era el jefe de esta red: Carlos Andrés Pérez Cadena. Al principio, las autoridades no lo tenían identificado, por lo que ordenaron interceptar sus comunicaciones. Se dieron cuenta de que Pérez Cadena era un coronel retirado del Ejército y el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño).

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El siguiente paso de la Fiscalía fue identificar a las personas con quien más se comunicaba el coronel (r) Pérez. En concreto eran dos hombres y una persona a la que llamaban Mary. Se descubrió que la mujer era María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y quien terminó siendo el eslabón más importante de una red de chuzadas que funcionaba desde el occidente del país. Ella era la hacker, a quien Pérez y sus socios consideraban la “dama de las interceptaciones”, pues no sólo chuzaba las llamadas telefónicas, sino también conversaciones de WhatsApp.

La fiscal de Pasto que llevaba el caso del hurto de vehículos en la vía Panamericana siguió monitoreando minuciosamente las comunicaciones del coronel (r) Pérez, la hacker y los otros dos hombres no identificados. En los diálogos se les escuchaba dar instrucciones a Mary para “controlar” ciertos teléfonos, es decir, chuzar líneas telefónicas. La fiscal descubrió que uno de esos números pertenecía al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, quien adelantaba una investigación contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero. La alerta se encendió porque el coronel (r) Pérez era el jefe de seguridad del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, el padre del gobernador.

Esa situación se dio en agosto de 2017, época en la que la fiscal reportó los hechos a la sede central de la Fiscalía en Bogotá. Fue entonces que se empezaron a dimensionar los alcances de esta red de chuzadas y se designó un equipo especial para hacerle seguimiento. Durante seis meses la investigación avanzó poco, porque aún seguían sin ser identificados los otros eslabones de la red. Sin embargo, en abril de este año, un reporte enviado por organismos de inteligencia militar de Ecuador dio la pista crucial para saber quiénes eran los otros dos hombres que constantemente se comunicaban con Pérez y Mary.

Según el reporte, dos supuestos oficiales en retiro del Ejército colombiano llegaron a las oficinas del Ministerio del Interior de Ecuador a ofrecer servicios de inteligencia para ayudar a resolver lo ocurrido en el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Las autoridades del vecino país denunciaron ante sus pares en Colombia que el coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga intentaron vender un servicio de seguridad en el que se podía interceptar comunicaciones y conversaciones de WhatsApp de presuntos guerrilleros bajo el mando de Guacho.

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Lo sucedido causó desconfianza entre los miembros de inteligencia militar de Ecuador, por lo que, por medio de una nota oficial de inteligencia, dieron a conocer los ofrecimientos ilegales que les hicieron Salinas y Quiroga. Las Fuerzas Militares de Colombia le entregaron la información a la Fiscalía y abrieron un nuevo proceso interceptando los teléfonos de los oficiales en retiro. En medio de esas actividades se descubrió que una de esas líneas telefónicas ya estaba interceptada por los investigadores que llevaban el expediente de Mary y el coronel (r) Pérez.

Ante tal coincidencia, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ordenó unir en un solo expediente los dos casos. Ahí se descubrió que, mientras para la fiscal de Pasto los hombres desconocidos que se comunicaban con el coronel (r) Carlos Andrés Pérez resultaron ser Salinas y Quiroga, quien aparecía como la hacker o Andrea en el segundo proceso era María Alicia Pinzón Montenegro. Entonces se ordenó capturar a los tres oficiales en retiro implicados y a la hacker Pinzón. Además se allanaron oficinas en Cali, Ipiales y Bogotá. En esta última ciudad el CTI de la Fiscalía llegó hasta las instalaciones de la empresa A&G Seguridad, propiedad del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza.

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Los investigadores incautaron varios dispositivos electrónicos, USB, discos duros y celulares. Pero la joya de la corona fue el computador de la hacker Pinzón, quien decidió colaborar con la Fiscalía y darle acceso a todas las carpetas en las que guardó las interceptaciones realizadas. Hasta el momento se han identificado más de 40 casos, entre los que aparecen empresas como Avianca, Servientrega y TCC, y personajes relevantes de la vida pública y política del país.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, aún se está esclareciendo quiénes son potenciales víctimas y quiénes fueron los clientes de esta red ilegal de interceptaciones. Respecto al caso del general (r) Guatibonza, aún no se tiene claridad sobre su participación en los hechos. Sin embargo, la hipótesis que más fuerza ha cogido es que podría ser un enlace para conseguir clientes, pues su larga trayectoria en el Gaula de la Policía le permitió relacionarse con empresarios de alto nivel que habrían tenido la capacidad de acceder a estos servicios ilegales.