Así varió la posición de justicia en la mesa de diálogos

En este tema, uno de los más difíciles de abordar en las negociaciones con las Farc, el discurso varió radicalmente: pasó de hablarse de ni un día de cárcel a lo que se anunció en La Habana este miércoles.

Por: Jorge Iván Posada / Especial para El Espectador
25 de septiembre de 2015 - 04:08 p. m.

Desde que se conoció el Acuerdo General para la terminación del conflicto, en septiembre de 2012, siempre le preguntaron a los negociadores de las Farc y del Gobierno sobre cuál sería la salida en materia de justicia, aun cuando eran incipientes las conversaciones alrededor de los puntos de desarrollo agrario integral, participación en política, solución al problema de las drogas ilícitas y el fin del conflicto.

El Gobierno desde un inicio fue prudente en explicar cómo se jugaría esa carta en la mesa, pero las Farc no lo fueron tanto. Cuando apenas iniciaban los diálogos “Jesús Santrich”, a la pregunta de un periodista de si esa guerrilla iba a reconocer a sus víctimas, respondió con un “quizás, quizás”.

El mismo país lo pedía, y así se reflejó desde un primer momento en las encuestas: diálogo sí en La Habana para una salida concertada al conflicto, pero con la condición de que al aterrizar al punto de justicia, la discusión debía partir de la premisa de que los guerrilleros incursos en crímenes atroces, y en delitos de lesa humanidad, debían ser recluidos en cárceles si se llegara a la firma de la paz.

Y ahora, cuando el país conoce la decisión crucial que tomaron ambas partes para que lo ocurrido en el conflicto armado sea revisado por la Jurisdicción Especial para la Paz, se hace un recorrido de las posiciones de las Farc y el Gobierno para llegar hasta esta decisión, que los mismos protagonistas relataron en Cuba y en conversaciones en Bogotá y Medellín.

Asumir responsabilidades

El 20 de enero de 2013, dos meses después de instalada la mesa de diálogos en La Habana, Bernardo Salcedo, delegado internacional de las Farc, en una entrevista dejó consignada aquella idea que la guerrilla no dejó de reiterar y que tanto malestar causó en sus víctimas: las Farc eran también afectados por las acciones armadas.

“Las Farc somos producto y víctimas de varias guerras desde hace cinco décadas. Esa es la historia de nuestro surgimiento y fue el Estado quien nos declaró su guerra y la continua y anuncia que desea continuarla”. (ver Farc destapan sus cartas frente a la paz, del 20 de enero de 2013, de El Colombiano)

Sin embargo, dos meses después, Tanja Nijmeijer, la guerrillera holandesa, aseguró que las Farc sí le iban a responder a las víctimas del conflicto, a las suyas.

“Sí estamos dispuestos ayudar en el esclarecimiento de la verdad y asumiremos la responsabilidad moral que nos corresponda como actores dentro de este conflicto”. Pero a renglón seguido hizo la salvedad de Bernardo Salcedo: “Somos las víctimas de una guerra impuesta por el Estado. Es el estado quien tiene la obligación de resarcir a muchas personas afectadas en un conflicto que debió resolver hacer muchos años y evitarle al país tanto desangre y sufrimiento. Por acción o por omisión el Estado es el victimario fundamental”.

En el hotel El Palco, en el complejo de El Laguito, en febrero de 2013 Rodrigo Granda, plenipotenciario de las Farc, empezó a dar los primeros esbozos sobre cuáles serían los compromisos que las Farc iban asumir con sus víctimas:

“Estamos dispuestos hablar con la gente que en algún momento podamos haber perjudicado, creemos que hay un punto de víctimas en la agenda y eso lo vamos a discutir, ahora no puedo adelantar sobre lo que vamos a hacer, pero sí vamos a buscar la verdad”. (ver No somos narcos: Granda, del 24 de febrero de 2013, de El Colombiano)

Posteriormente, cuando ya se habían acordado tres puntos de la agenda, que fueron publicados por decisión de las partes, el proceso tomó un ritmo vertiginoso: por los tiempos fatuos del Gobierno, los ataques de las Farc y el estancamiento en la discusión del punto de víctimas, donde estaba incluido el aparte de justicia. Todo esto pese a las visitas de las delegaciones de las víctimas a Cuba y la creación de las subcomisiones de género, de justicia y de fin del conflicto.

Y en 2014, un mes después del plagio y liberación del general Rubén Alzate, en una entrevista que dio “Pastor Alape” después de participar en el operativo que trajo a la libertad al alto oficial, el jefe de las Farc le respondió a Humberto de la Calle (jefe de la delegación del Gobierno), frente a su constante pedido de que las Farc, si querían llegar a un acuerdo del fin del conflicto, tenían que responderle de manera nítida a los afectados por sus hostilidades:

“Las Farc venimos haciéndole un reconocimiento al país, convocando a la reconciliación, venimos con toda la disposición de decirle a la gente que fue afectada en este conflicto, de parte nuestra, que los reconocemos y nos reconocemos en ellos”. (verHabla “Alape”, el guerrillero de la foto con Alzate, del 27 de diciembre de 2014, de El Colombiano)

La posición del Gobierno

Desde un principio el Gobierno defendió su postura a través del Marco Legal para la Paz, que fue aprobado en el Congreso, y que creó una “comisión de la verdad” presidida por el Fiscal General de la Nación, y que solo definirá los criterios de priorización a partir de una ley estatutaria, que no ha sido tramitada en el Congreso. Esta establecerá a quiénes se les deberá aplicar la ley por los crímenes de lesa humanidad.

También el Congreso establecerá “los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena” y autorizará “la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados”.

Llamó la atención, en su momento, el artículo del Marco Legal para la Paz que creó un apartado transitorio en la Constitución, el 67, para regular “cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”.

Así pues, en distintos escenarios en Medellín y en Bogotá, Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz (y negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana) explicó ese mecanismo de justicia transicional.

Pese al rechazo de la delegación de las Farc de la figura, que para ellos no fue acordada en los ciclos en el Palacio de Convenciones de Cuba, Jaramillo y los demás delegados del presidente Juan Manuel Santos defendieron el Marco y se centraron en explicar el delito político y sus conexos.

En una reunión en Bogotá, con editores de distintos medios del país, en septiembre de 2014, Jaramillo relató varios momentos del intenso debate con las Farc para llegar a un puerto cierto en materia de justicia, que meses después se volvió un nudo tan difícil de desatar que en una entrevista que Humberto de la Calle le dio a Juan Gossaín, en junio del presente año, afirmó que el Gobierno estaba contemplando pararse de la mesa, no solo porque el proceso se había estancado sino por los continuos ataques de las Farc que menguaron la confianza del país hacia los diálogos.

Pero de nuevo en materia de justicia, De la Calle fue enfático: “Ahora existen el Tribunal de Roma y la Corte Interamericana, la legislación interna también ha cambiado, hay fallos de nuestra Corte Constitucional según los cuales no se puede suspender la totalidad de las penas. Pero, además, el país exige justicia sin amnistías generales. Eso no lo vamos a hacer. Y están las víctimas, que merecen justicia. Por eso es el territorio más difícil de la negociación. Las Farc tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. El Estado también, naturalmente.

Con la noticia de este 23 de septiembre de 2015, que quedará en la historia, finalmente parece que el Gobierno ganó el pulso en materia de justicia transicional (se ajusta al Marco Legal para la Paz), pero las Farc también porque si bien aceptaron la aplicación de penas, los agentes del Estado y los particulares responsables de crímenes atroces y delitos lesa humanidad, también saldarán sus deudas con la justicia.

Los responsables de estos delitos, acepten o no los hechos, no serán amnistiados ni indultados y todos serán juzgados por los tribunales de paz. Las sanciones tendrían un mínimo de cinco años y un máximo de ocho de restricción de la libertad, que no serían en cárceles.

Tanto el presidente Santos como “Timochenko” acordaron que en seis meses debe de darse la firma definitiva de la paz, y que después de 60 días del acuerdo final la guerrilla dejará las armas. Una vez que todo esto sea verificado empezará la aplicación de esta justicia. Los mayores beneficiados: aquellos que cometieron delitos políticos, y conexos, durante tantas décadas de conflicto armado.
 

Por Por: Jorge Iván Posada / Especial para El Espectador

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