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La primera semana de septiembre de 2008, con escándalo a bordo, el general Jesús Antonio Gómez Méndez fue retirado del servicio activo de la Policía. El hecho se atribuyó a la mención de su nombre en interceptaciones telefónicas a un cuestionado empresario de seguridad en Antioquia y a sus relaciones de amistad con un supuesto testaferro de Daniel El Loco Barrera. Casi cinco años después, el exoficial sigue en la pelea por limpiar su nombre, mientras aguarda a que la justicia decida si su retiro obedeció a una campaña de desprestigio.
En el año 2000 llegó a la dirección de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, en Villavicencio, y ahí empezaron sus problemas. A través del entonces magistrado Fausto Rubén Díaz, además presidente de la Asociación de Caballistas, conoció a Reinel Gaitán Tangarife, un acaudalado personaje de la región que, aunque estaba absuelto, había afrontado cargos por enriquecimiento ilícito. Si bien Gómez siguió su recorrido en otras misiones y alcanzó el grado de general en 2006, su paso por el Meta le dejó un incómodo antecedente.
Apenas dos años conservó su rango de general. Cuando se preparaba para un óptimo destino, súbitamente fue llamado a calificar servicios en septiembre de 2008. Pero lejos de ser un procedimiento normal, en este caso su abrupta salida llegó acompañada del descrédito. En primer lugar, porque estalló el escándalo de la vinculación de Guillermo Valencia, fiscal seccional de Antioquia, con el empresario Felipe Sierra, y sus nexos con la organización de alias Don Mario, en un azar que terminó resaltando el nombre de Jesús Antonio Gómez.
Cuando las conversaciones telefónicas entre Valencia y Sierra trascendieron, un diálogo en particular fue la piedra de escándalo. “Ayer le hablaba y no me parabas bolas de lo que te decía”, dice Valencia. “Ah, como me estaba hablando el general Gómez Méndez”, replica Sierra. A esta efímera referencia la sucedió la exposición del nombre del oficial en los medios de comunicación como sospechoso, y ameritó un comentario del entonces fiscal Mario Iguarán: “El fiscal del caso le va a hacer un llamado para que absuelva algunos interrogantes”.
Nunca fue vinculado al proceso, pero sí tuvo que explicarles a sus superiores que en junio de 2008, cuando ejercía la comandancia de la Policía en Cali, fue invitado a dar una conferencia sobre seguridad privada, y entre los asistentes al evento estuvo Felipe Sierra, en ese momento sin sospecha y dueño de la empresa de vigilancia Control Total. El general Gómez Méndez aseguró que probablemente en medio de su charla, o al finalizarla y en el diálogo informal con los asistentes, Sierra recibió la llamada de Valencia e hizo el casual comentario.
Aunque con el tiempo el tema se aclaró, para el general Gómez Méndez fue el principio de su drama. No terminaba de dar explicaciones cuando trascendió su intempestivo retiro. Según él, la noticia se conoció el 9 de septiembre de 2008 y el decreto salió el 12, es decir, lo habían botado públicamente antes de que lo sacaran oficialmente, y además con un duro comentario del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos: “Cuando un oficial de tan alto rango pierde la confianza del Gobierno se llama a calificar servicios. Eso fue lo que sucedió”.
Lo que el general Gómez Méndez no esperaba es que días después circulara en los medios una versión de acuerdo a la cual su salida de la Policía obedecía a que los servicios de contrainteligencia habían detectado relaciones del oficial con un testaferro del narcotraficante Daniel El Loco Barrera, conocido como El Gurre. La noticia dio cuenta de que se trataba de un ganadero y productor de palma africana que había tenido sus inicios en el narcotráfico y que mantenía sus contactos con Gómez Méndez desde que éste estuvo en Villavicencio.
De inmediato, el general asumió que se trataba de Reinel Gaitán Tangarife, el mismo personaje que había conocido años atrás en la Asociación de Caballistas del Meta. Sólo que, paradójicamente, mientras él trataba de asimilar el mal momento de su intempestiva salida de la Policía, el aludido Gaitán Tangarife libraba su propia pelea ante la Fiscalía y la Procuraduría para demostrar que había sido víctima del montaje de algunos oficiales de inteligencia que trataban de involucrarlo con el narcotráfico o con el paramilitarismo.
De hecho, Gaitán Tangarife acudió a las autoridades para denunciar que desde finales de 2006 buscaban vincularlo a acciones ilegales, y refirió que había buscado al general Gómez Méndez, que en ese momento le ayudó a aclarar el malentendido. Sin embargo, a principios de 2008 volvieron los problemas. En septiembre de ese mismo año regresó a la Fiscalía, esta vez para recalcar que se había enterado a través de un conocido de que la orden de armar el paquete en su contra venía de Bogotá y que el propósito era emproblemar también al general Gómez Méndez.
El resto de 2008 fue para Gaitán Tangarife y Gómez Méndez el comienzo de una dura faena por reivindicar sus nombres. El primero logró hacerlo a través de una tutela que obligó a los medios de comunicación que enlodaron su honra a rectificar; y el segundo tuvo que recaudar certificaciones judiciales para demostrar que no había investigaciones en su contra. No obstante, para el exoficial llegó otro golpe: su hermana María Elena Gómez, entonces mayor de la Policía, también fue llamada a calificar servicios. La notificaron el 30 de diciembre.
Desde entonces, la lucha por la verdad se ha librado en tres frentes. Gaitán ganó la tutela en apelación en 2009. La mayor Gómez demostró que su salida de la institución había obedecido a “móviles oscuros” y el Tribunal de Cundinamarca ordenó su reintegro a la fuerza en junio de 2012. El general Jesús Antonio Gómez Méndez decidió estudiar derecho y demandó a la Policía ante el Tribunal del Valle por su abrupta salida. Según él, tarde o temprano se va a demostrar que fue víctima de un plan de desprestigio que cortó en seco su carrera.
El Espectador le preguntó cuál pudo ser el origen de su problema, y el general Gómez respondió: “Que lo aclare la justicia. Sólo quiero que se sepa que mi hermana María Elena tuvo la obligación de investigar nexos del narcotráfico en Tolima que generaron malestar entre algunos mandos; y yo estuve casi 30 años en la institución sin tacha a mi conducta. Vale la pena recordar que desde 1996, el Consejo de Estado sentenció que cuando la Policía filtra datos inexactos a los medios, viola la honra de personas y también la libertad de prensa”.
Por el buen nombre de Reinel Gaitán
En septiembre de 2008 varios medios de comunicación hicieron referencia en sus publicaciones a un supuesto testaferro del capo Daniel El Loco Barrera, a quien apodaban El Gurre. De acuerdo con estos supuestos vínculos de El Gurre con el general Jesús Antonio Gómez Méndez, estaban afectando la carrera del uniformado. Posteriormente, un medio de comunicación hizo referencia a que el supuesto testaferro conocido como El Gurre era, en realidad, un ciudadano de nombre Reinel Gaitán Tangarife. Al ver la noticia, Gaitán Tangarife recurrió a la justicia, pues, aunque sí era conocido como El Gurre, no tenía ningún vínculo con el narcotráfico y mucho menos con El Loco Barrera. La justicia le dio la razón y algunos medios tuvieron que rectificar la información presentada. El caso llegó, incluso, a la Corte Constitucional que, aunque no le concedió al ciudadano lo que pedía, sí aprovechó la oportunidad para reiterar el deber de los medios de comunicación con el buen nombre de los ciudadanos.
El caso de la mayor Gómez Méndez
Toda una vida entregada al servicio de la Policía Nacional es la historia de la mayor María Elena Gómez Méndez, la cual no ha sido tranquila. Desde 1992, año en que ingresó a la Fuerza Pública, ha combatido por desmantelar a las bandas del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, sus resultados no fueron bien recibidos y empezó a recibir amenazas.
Sus pesquisas contra el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, revelaron información que comprometía a políticos y altos mandos militares. Pero el 30 de diciembre de 2008 fue llamada a calificar servicios, negando su ascendente carrera como oficial.
Las amenazas y la carrera ‘sucia’ en su contra no fueron suficientes para desacreditar sus verdaderos logros ante la justicia. Por eso el Tribunal de Cundinamarca ordenó su reincorporación a la institución en el mes de junio del año pasado, argumentando que su retiro obedeció a ‘móviles oscuros’.