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Este año cobró visibilidad la problemática de mujeres atacadas con ácido con el fin de desfigurarlas, en muchos casos víctimas de sus exparejas; hasta mayo en Medicina Legal se habían registrado 20 casos y el año pasado en total sumaron 42.
A todo el drama que viven se suma la impunidad judicial, ya que casi nunca capturan al verdadero culpable y las escasas veces que lo hacen cumplen condenas no superiores a cuatro años. Según una denuncia del representante a la Cámara por el Partido Liberal Oscar de Jesús Marín, las iniciativas para endurecer estas penas se han visto truncadas por cuenta del mismo Gobierno.
Durante un debate sobre la crisis carcelaria en el Congreso, en el que se abordó la difícil situación de hacinamiento, tanto la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitaron que se deje de legislar al calor de las coyunturas y se reflexione sobre el impacto real de las reformas que se realizan al Código Penal.
En síntesis, creen que no se debe seguir adelante con iniciativas que establecen privación de la libertad, lo cual está llevando al colapso a los centros penitenciarios. “Aunque en el país han venido creciendo los cupos en las cárceles, las decisiones que se toman en el Congreso de buscar solución a los problemas con la detención han generado la compleja situación actual”, dijo Otálora.
Las posturas de la ministra y el defensor tienen frenado en el Congreso un proyecto de ley que busca, precisamente, aumentar las penas para los agresores con ácidos, de tal manera que no se permita su excarcelación. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara y espera su trámite en el Senado.
Para el representante Oscar de Jesús Marín, autor de la iniciativa, la superpoblación carcelaria no es excusa para que este tipo de ataques queden en la impunidad, por lo que le pidió a la Comisión Primera del Senado, que apruebe el proyecto.
“Hay unos argumentos que yo no puedo compartir. Algunos senadores me dicen que no están de acuerdo con el proyecto porque hay mucho hacinamiento en las cárceles. Ese es nefasto mensaje para las víctimas. ¿Cómo le vamos a decir a quien han sufrido este delito atroz que hay que dejar a los victimarios por fuera porque no hay donde meterlos?”, indicó el parlamentario.
Según Marín, es responsabilidad del Gobierno buscar una solución al problema del hacinamiento. “El ataque con ácidos es un delito que va creciendo porque infortunadamente se está poniendo de moda. Lo grave es que con el mensaje que están enviando algunos senadores que no podemos meter a las cárceles porque están hacinadas, se van a seguir incrementando”, enfatizó.
“En la Cámara de Representantes dimos un primer paso para avanzar en el aumento de las penas para quienes cometen este delito. Inicialmente teníamos previsto una pena mínima de 10 años y una máxima de 20, pero acordamos con el Consejo de Política Criminal una mínima de cinco años y siete meses y una máxima de siete años, de manera que lo pudiéramos blindar y evitar que no fuera un delito excarcelable”, agregó el congresista.
Marín espera el apoyo del Senado. Del lado del Gobierno, la postura parece ser la de no seguir “metiendo a todo mundo en la cárcel”, como dijo una fuente cercana al Ministerio de Justicia. Como se ve, hay argumentos de lado y lado, aunque el represente a la Cámara considera que lo que las víctimas quieren mínimamente, sabiendo que les toca padecer ese dolor y esa marca de por vida, “por lo menos que no vean a sus victimarios en las calles a los pocos días de haberlas agredido”.