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Hace seis meses comenzó un experimento que nadie sabía a ciencia cierta si iba a resultar. En las cárceles El Buen Pastor de mujeres y Distrital de Bogotá se programaron 52 audiencias a las que los presos asistirían de forma virtual. Es decir: gracias a un software, tomarían parte en las diligencias judiciales del complejo judicial de Paloquemao a través de una pantalla.
El piloto resultó ser todo un éxito: las videoconferencias programadas que se llevaron a cabo se adelantaron sin mayores contratiempos. Por eso, la propuesta que apenas era un ensayo ahora es una prioridad en el plan decenal de justicia, le dijo a El Espectador Marcela Abadía, directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia. La idea es que en 2017 el Gobierno apruebe los recursos que se necesitarían para implementar en todo el país la asistencia virtual de los imputados a las audiencias.
“El proyecto conjunto de inversión lo presentamos la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia a Planeación. Este proyecto, que es una prioridad para resolver el estado de cosas inconstitucionales declarado respecto a la situación de los reclusos, contempla inversiones tanto para mejorar infraestructura tecnológica del Inpec como para mejorar la infraestructura física de conexión y puntos de wifi, de lo cual se encarga la Uspec”, señaló Abadía.
La empresa que adelanta la “digitalización de la justicia” en el país es el gigante de la tecnología Cisco, cuyo gerente en Colombia, Christian Onetto, presentó el piloto hace unos días. “Sabemos que el costo y el tiempo dependen de la realidad judicial de cada uno de los países, pero en casos en los que se ha aplicado el sistema de manera global, como en Turquía, donde funciona en más de 1.100 cárceles, en términos de costos estamos generando ahorros en más de un 30 %, y en transporte es un ahorro del 20 %”, dijo Onetto en entrevista con este diario. Sólo en 2015 se gastaron $20.156 millones en el traslado de internos desde las cárceles hasta los juzgados.
La idea es llevar este piloto a regiones alejadas del país, en donde la aplicación sería un reto, pero al mismo tiempo permitiría una reducción de costos mucho más significativa. “Queremos llevarla a lugares en los que hacer esto era impensable hace algunos años, por la dificultad de llegar debido a lo geográfico, pero también por la seguridad. Y precisamente pensando en cómo esto podría aportarle al posconflicto, queremos hacer algunos pilotos en lugares recónditos”, explicó Onetto.
Sin embargo, tanto en Cisco como en el Ministerio de Justicia saben que este sólo es un pequeño paso en una cadena de acciones que deben emprenderse para resolver los problemas de la Rama Judicial. “Este es un problema estructural que lleva 100 años y solucionarlo no es algo fácil. No hay conexión en los sistemas de información de las entidades por la forma como se llevan los procesos, por eso parte de lograr una política pública articulada es garantizar que, desde la captura hasta la resocialización, estén interconectados los sistemas”, dijo Abadía.
Por su parte, Onetto está convencido de que las herramientas que puede proveer la tecnología son claves para volver más eficientes y económicos los procesos de la Rama Judicial. “Lo más importante es lograr la convergencia. Esto implica no sólo la optimización en las audiencias, sino de todas las etapas del paso de una persona por el sistema judicial. Hay que pensar en cómo recoger la información y aplicarle inteligencia para llegar a esa capa superior de la información, que es lo que hoy se llama big data”, dijo el gerente de Cisco Colombia.
Un sistema de agendamiento conjunto de procesos, la digitalización de cada uno de los documentos del proceso en una aplicación, que vaya registrando históricamente todos los hitos o hechos que van sucediendo en un caso, o la aplicación de softwares colaborativos que permitan adelantar mesas de trabajo que pueden durar meses, son sólo algunas de las propuestas que podrían implementarse para lograr esa convergencia. Sin embargo, antes de plantear propuestas concretas, señaló Marcela Bahía, del Ministerio de Justicia, resulta esencial hacer un diagnóstico de la situación actual.
Por eso desde hace un mes y medio se organizó una mesa de trabajo compuesta por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio de las TIC, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría, la Procuraduría, la Corte Suprema, el DANE y la Presidencia, con el fin de que, después de finalizar el diagnóstico, se pueda establecer un lenguaje común (por ejemplo, que los delitos salgan con el mismo nombre en todas las bases de las entidades), para que, finalmente, el Consejo de Política Criminal plantee los lineamientos necesarios para darle interoperabilidad a la Rama.
Por ahora, el reto es acercar a los funcionarios al universo digital, pues, según Abadía, son muchos los que aún desconfían de la legitimidad que pueden tener los procesos al usar estas nuevas herramientas. “Hay un tema de formación cultural en la tecnología, pues hay jueces que creen que si el imputado no está de manera física puede haber una violación al derecho a la defensa y al debido proceso”, explicó. La idea es que a la vuelta de un año haya por lo menos una propuesta para interconectar los sistemas, que se construiría con recursos tanto del Gobierno como de las entidades involucradas.