Bacrim, responsables de la mayoría de violaciones de DD.HH. en Colombia

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) culpó a las bandas criminales de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país.

Así lo afirmó el representante de la ACNUDH en el país, Todd Howland, en la presentación del informe anual a los medios en Bogotá, que se celebró al tiempo que la entrega del documento ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

"Estos grupos post-desmovilización son unos de los más responsables de las violaciones de los derechos humanos hoy en día en Colombia", afirmó Howland.

Estos grupos, que se identifican como "Los Urabeños", "La Empresa", "Los Rastrojos" y una serie de organizaciones que trabajan al mejor postor, albergan en sus filas a antiguos integrantes de los grupos de autodefensas que se sometieron a la desmovilización de 2006 bajo el marco jurídico de Justicia y Paz.

También hay disidentes que decidieron no entregar las armas y se mantuvieron en estas estructuras vinculadas con el negocio del narcotráfico que en ocasiones se precian de hacer "control social" y que según el informe de la ACNUDH "siguen afectando a toda la gama de derechos humanos de la población".

"En particular los de los defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes comunitarios, funcionarios públicos, agentes de policía y reclamantes de tierras", matizó el documento.

Howland citó dos ejemplos "del nivel de violación de los derechos humanos" y se refirió a que en 2013 la Oficina documentó 14 masacres en el departamento de Antioquia y 8 casos de desmembración de personas en Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano que vive una guerra entre bandas.

"La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades siguen haciendo que los jóvenes y los niños sean vulnerables al reclutamiento, la utilización, la explotación y la violencia sexual por parte de esos grupos", advirtió el informe.

La Alta Comisionada destacó los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estos grupos pero advirtió de la importancia de diseñar una estrategia que combine "la seguridad y la justicia con medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social a todos los niveles".

Por su parte, Howland reflexionó: "Es importante estudiar de manera profunda qué pasó durante el proceso de desmovilización de los paramilitares y entender hoy en día por qué los grupos post-desmovilización de los paramilitares son uno de los que están violando los derechos humanos con más frecuencia".

El marco jurídico de Justicia y Paz estableció penas de hasta ocho años a cambio de verdad, justicia y reparación, y según se ha documentado hay pocas sentencias y preocupantes niveles de reincidencia.

En este contexto, se calcula que a lo largo de este año unos 268 exparamilitares serán excarcelados al haber cumplido sus condenas.

Howland advirtió que Colombia, que explora mecanismos de justicia transicional para adaptar al proceso de paz que desarrollan el Gobierno y las Farc, debe tener en cuenta los errores y aciertos de ese modelo y tener claro que lo más importante en este proceso "es la no repetición".

"Es importantísimo aprender de varias experiencias de otros países donde la desmovilización fue casi total de los elementos armados. La desmovilización total va a abrir un espacio de no repetición", advirtió al recomendar también acometer "profundas transformaciones" sociales e institucionales.

El informe identificó como otros responsables de violaciones a los derechos humanos a las guerrillas de las Farc y del ELN, a las que atribuyó homicidios, reclutamiento infantil, toma de rehenes y ataques indiscriminados, entre otros; y a la fuerza pública, que ha reducido sus acciones pero que mantienen delitos