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El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguén aseguró ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en ningún momento el entonces secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas le pidió información relacionada con los movimientos bancarios de los magistrados de las altas cortes.
En su testimonio bajo la gravedad de juramento Arangurén aseguró que pese a que tenía constantes reuniones en la oficina de Moreno Villegas estas únicamente tuvieron relación con el aval para los gastos de los viajes y comisiones de los funcionarios de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda al exterior puesto que desde dicha Secretaria se debían firmar todos los permisos.
Sin embargo aclaró que después de un encuentro el Secretario General de Presidencia le entregó un sobre de manila en el cual le aseguró había información sobre el empresario italiano Giorgio Sale, los cuales fueron entregados para su respectivo análisis. Arangurén aseguró que Moreno, ahora procesado por las ‘chuzadas’, no le volvió a decir nada sobre el caso.
“Se lo entregué al subdirector de análisis y operaciones de la Uiaf que era el competente para eso (…) Comenzó a hacer averiguaciones previas, papeles que contenía el sobre. Yo indagué después qué tenía el sobre: una factura de una aerolínea, el recibo de pago y un documento de recibido”, precisó Arangurén.
El testigo reiteró, ante las preguntas de la defensa de Moreno Villegas, que en los documentos que le fueron solicitados no aparecía información relacionada sobre los magistrados. “Nunca me dijo nada sobre ningún magistrado, puesto que eso no era competencia suya”.
El exfuncionario aseguró que la Uiaf si tenía la potestad y la facultad para recolectar información financiera si se les presentaba una solicitud con su respectiva justificación y requerimientos exigidos.
“Las personas expuestas públicamente deben tener más control puesto que tienen una connotación especial (…) Los funcionarios públicos desde el fiscal General, magistrados de las altas cortes, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, jugadores de fútbol, hasta el presidente de la República”, explicó.
Finalmente manifestó que existían convenios firmados con diferentes organismos del Estado que establecían la forma en cómo debía entregarse la información, la manera cómo se debía solicitar, quiénes pueden solicitarla o que visto bueno debía llevar la solicitud. Cuando llegó al organismo existían tres convenios firmados de administraciones anteriores con el DAS.
En el año 2007 la Unidad de Contrainteligencia del organismo de seguridad presentó 90 solicitudes relacionadas con cedulas de propiedad inmobiliarias, urbanas o rurales, vehículos de estas personas públicas. “No tuve nada que ver con las respuestas a dichos requerimientos”.
Arangurén fue absuelto por el juzgado 10 especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública. El fallo fue apelado por la Fiscalía General ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
“Nunca estuvo claro cuál fue la concertación que presuntamente tuve con Bernardo Moreno (…) Logramos demostrar que no me había concertado con nadie, quedó demostrada mi inocencia y me absolvieron”, explicó Arangurén quien tendrá que responder el contrainterrogatorio de la Fiscalía el próximo22 de julio.