“Si alguien abusa de un niño siendo un miembro de la Iglesia, valiéndose de su condición de sacerdote y dentro de un templo de culto, sí, la Iglesia debe responder. Primero, porque cuando se condena a un cura, él dice que tomó unos votos de pobreza y que no tiene con qué responderles a las víctimas. Pero, sobre todo, porque la Iglesia debe pedir perdón y, además, tomar los correctivos necesarios para que los abusos no vuelvan a ocurrir. Lo que queremos es sentar un precedente judicial que sea útil para otros casos”.
Un precedente para que la Iglesia se vea obligada a tomar medidas en los casos de pederastia. Esa es la pretensión que busca Élmer Montaña, defensor de algunas de las víctimas que dejó William de Jesús Mazo Pérez durante su paso por la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en el marginal distrito de Aguablanca (Cali). Hace unas semanas, el juez 22 penal del circuito de esa ciudad condenó a Mazo a 33 años de prisión por el cargo de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, luego de que la justicia comprobara que el religioso cometió delitos sexuales con cuatro niños que no pasaban de los 12 años.
Hoy, la Fiscalía nuevamente investiga a Mazo. Así se lo solicitó el juzgado, tras encontrar indicios de que al menos otros cuatro niños habrían sido víctimas de su discurso fachada: “No tengo a nadie que me ayude, soy diabético, ¿si me ocurre algo en la noche quién se dará cuenta?”. Uno de esos menores es Federico*, un pequeño de 13 años a quien la vida se le transformó luego de vivir más de un año con Mazo. Su madre, Esperanza*, lidia con el hecho de ser cabeza de hogar, tener cinco hijos por alimentar y estar desempleada. Es ella quien día a día enfrenta las consecuencias de la historia del cura Mazo.
Federico pasaba las 24 horas en la iglesia, hasta que un día sacó la ropa de su casa, se fue a vivir con el cura y dejó de ir al colegio. Tenía entonces 9 años y cursaba 3° de primaria. Ahora es un joven malgeniado, agresivo con su familia. Recurre a sustancias alucinógenas que, dice la madre, empezó a consumir cuando convivía con el sacerdote. Esperanza se lo llevó tres meses al campo para ver si la adicción mermaba, pero lo único que resultó del experimento fue la costumbre del menor de dormir en pastizales. Esperaba que algún animal lo mordiera y así acabara su vida.
“Yo he pasado mucho, mucho sufrimiento con él —dice Esperanza—. Me dicen que me le van a conseguir un centro de rehabilitación y nada. Él quiere dejar la droga, pero no ha podido. Yo necesito que lo ayuden, que le den ayuda sicológica”. Mientras la Fiscalía sigue indagando qué fue lo que ocurrió entre el cura Mazo, Federico y tres niños más, el Tribunal Superior de Cali examina la decisión del juez 22 penal del circuito de Cali, ante quien la Fiscalía demostró que el sacerdote Mazo se había aprovechado de su cargo, de sus relaciones con la comunidad y del cariño de sus feligreses para abusar de niños del rezagado distrito de Aguablanca.
Dos de los niños por los que Mazo Pérez fue condenado son Felipe* y Camilo*, los hijos de Margarita*, entonces de 10 y 12 años. “Uno piensa que a los hijos de uno nunca les va a tocar pasar por estas. Y mire”, dice apesadumbrada Margarita, quien nunca permitió que sus hijos pasaran una noche fuera de casa. En una ocasión ellos la desobedecieron, escaparon al cuidado de su madre y eso fue suficiente. “Cuando puse la denuncia en la Fiscalía empezaron a molestarnos en el barrio, nos miraban feo, me llamaban mentirosa, que cómo el cura iba a hacer eso tan horrible. A mí no me gustaba él porque no lo miraba a uno a la cara”.
Margarita y Esperanza vivieron lo mismo que Carlota*, la madre de Carlos*: que el religioso Mazo se ganaba a los niños a punta de regalos y dinero. Formó una banda marcial en la que todos esos que fueron sus víctimas participaban. Era querido colectivamente. “Carlos es de pocas palabras. Pero si a mí me preguntan qué queremos, queremos que el cura se declare culpable y nos pida perdón. Él iba a la casa con frecuencia, mi mamá le hacía desayuno o comida. Le envié a mi hijo a que le ayudara porque vivíamos al frente y porque él era diabético. Toda la gente del barrio lo quería, incluidos nosotros”.
El escándalo del cura William Mazo removió las entrañas de la Arquidiócesis de Cali igual que pasó con el padre Víctor Blanco, condenado a 57 meses de cárcel. “La legislación de antes no era tan dura como la de ahora. Pero lo que queremos, más allá de las sentencias, es que la Iglesia responda civilmente por los daños que sufren estas personas. Valoramos la actitud de monseñor Darío Monsalve, quien ya pidió perdón públicamente y se reunió con las víctimas el sábado pasado. Pero estas cosas van más allá de ofrecerles un sicólogo”, señaló el abogado Élmer Montaña, quien solicitará un incidente de reparación integral apenas el caso sea revisado en segunda instancia.
“La Iglesia Católica, no sólo en Colombia sino alrededor del mundo, lleva años enfrentando fuertes escándalos por episodios de pederastia, acusada además de ser una institución renuente a exponer a los abusadores. El padre William Correa Pareja, vicario general de la Arquidiócesis de Cali, aseguró sin embargo: “En Cali y en el mundo se están tomando los correctivos para que estas situaciones no se sigan presentando. La Iglesia se hace solidaria con las víctimas y repara lo que haya que reparar”.
* Nombres cambiados para proteger la intimidad de las víctimas.