El cambio que se avecina en la Corte Constitucional es uno drástico. No sólo por la salida de cinco del total de nueve magistrados, sino porque los aspirantes a ocupar las vacantes se empiezan ya a perfilar como abogados mucho más preocupados por la seguridad jurídica y el impacto fiscal de las decisiones de la Corte que sus antecesores. En otras palabras, candidatos que analizan que las órdenes del alto tribunal están exigiendo la inversión de miles de millones de pesos por parte del Estado, el cual, por falta de recursos, está teniendo que rebuscar los dineros para cumplir con los mandatos.
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Esta semana, por fin, se conocieron las dos ternas del presidente Juan Manuel Santos con seis juristas del más alto nivel, pero también con dos candidatas que llevan las de ganar. Por una parte está quien va a reemplazar al magistrado Aquiles Arrieta, reemplazo temporal del magistrado suspendido Jorge Pretelt. Hace unos días se terminó el período que le correspondía; Arrieta fue ratificado en su cargo mientras el Congreso elige entre Isabel Cristina Jaramillo, Cristina Pardo y Natalia Ángel. Pardo, exsecretaria jurídica de Santos, conservadora, va a la delantera.
En la segunda terna, para reemplazar a María Victoria Calle —quien está a semanas de completar su tiempo en la Corte—, entre María Margarita Zuleta, Carlos Bernal y Néstor Osuna, la de más ventaja es Zuleta. Antes de ser ternada, la Paca Zuleta, como es conocida, estuvo vinculada al gobierno Santos como directora de Colombia Compra Eficiente y fue zar anticorrupción en el gobierno Uribe. Tanto Pardo como Zuleta, señalaron a este diario fuentes cercanas al alto tribunal, podrían sumarse a la postura que introdujo el magistrado Alejandro Linares —también cuota de Santos— en 2015: que la Corte debe tener en cuenta que la defensa de los derechos depende directamente de la sostenibilidad fiscal del país.
El propio presidente Santos explicó que para definir sus ternas preguntó sobre dos temas claves para su gobierno: su compromiso con la paz y sus posturas frente al impacto fiscal. “Que la Corte tenga en cuenta las repercusiones económicas”, dijo el presidente. “Esto es peligrosísimo para una corporación que lleva 25 años defendiendo los derechos de las minorías. Esta posición no puede tomar más fuerza, porque entonces la Corte estará más preocupada por proteger las finanzas del Estado y de las empresas, y no de la protección de los más necesitados”, sostienen las fuentes cercanas a la Corte, quienes agregan que ahora, cuando el alto tribunal está revisando temas tan trascendentales como la protección de los indígenas wayuus en La Guajira o el derecho a la salud de indígenas en el Vaupés, entre otros, sería catastrófico que la línea jurisprudencial de la Corte cambiara.
Además de Linares, dentro de la Corte está Luis Guillermo Guerrero, conservador, cercano al bando de Linares en este debate. Por eso preocupa tanto, en organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que a ellos dos se les sumen otros dos magistrados. “Es importante entender que, si no se tiene el dinero, es casi imposible atender a la gente más desfavorecida. Por supuesto que el Estado tiene que invertir su dinero en los que más lo necesitan. Pero si no tiene, ¿cómo hace?”, explicó un exmagistrado de la Corte que prefiere reservar su nombre.
Para el nuevo director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Eduardo Pizano, quien además fue presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) y conoce de primera mano el mundo empresarial, esto no es un tema nuevo, pues desde la creación de la Corte, hace 25 años, el tribunal se convirtió en una entidad superpoderosa. “Aquí queremos tener el mismo nivel de desarrollo en la protección de derechos de países que están en otra situación económica como Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. El drama de Colombia es muy diferente al de ellos”, explica Pizano.
El profesor de los Andes agregó que lo importante en este debate es llegar a un punto medio, pues si bien están de por medio los derechos fundamentales, “el país no se puede gastar lo que no tiene”. César Rodríguez, director de Dejusticia, quien ha seguido de cerca los movimientos en la Corte, le explicó a El Espectador que aunque los cambios que se avecinan son trascendentales, el ingreso de nuevos magistrados con la idea de proteger el impacto fiscal no significa que se va a comprometer el nombre del tribunal.
“Independientemente de las preferencias y trayectorias que tengan los nuevos, los magistrados siempre han hecho lo que han tenido que hacer: la defensa de la Constitución y la jurisprudencia. Lo que hemos visto en los últimos años es que las personas que llegan al tribunal son supremamente respetuosos de lo que se ha hecho en la Corte. Y eso es lo que tiene que seguir pasando”, agregó Rodríguez.
De oídos sordos
Ni el llamado de urgencia del presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, para completar la Sala Plena, ni la carta que les envió la plataforma de organizaciones civiles, Elección Visible, para que agilizaran la elección, parece haber llegado a los oídos de los magistrados del alto tribunal. Seis meses cumple ya la Corte Suprema sin que confeccione las dos ternas que deben presentar para elegir a los reemplazos de Luis Vargas y Jorge Iván Palacio.
Uno de los temas que más ha suscitado controversia es el hecho de que personajes con vínculos políticos, como Wilson Ruiz, Carlos Ardila Ballesteros y Martha Isabel Castañeda sean ternados. En la Corte dicen que a ellos tres se les ha puesto el sobrenombre de “Los innombrables”. Para solventarlo, la Corte llegó a un acuerdo esta semana: cada una de las tres salas del alto tribunal presentará un candidato de las dos listas y así, en la Sala Plena del próximo 17 de abril, esperan tener, de una vez por todas, los seis candidatos.