“De acuerdo con lo estipulado en los artículos 67 y 68 (de la Convención Americana de Derechos Humanos), los fallos del Tribunal Interamericano son definitivos e inapelables y, en tal sentido, los estados partes se comprometieron a cumplir sus decisiones”. De esa manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió al procurador Alejandro Ordóñez un oficio que éste le envió a la canciller María Ángela Holguín el pasado 28 de octubre, en el que le pidió, palabras más palabras menos, que por ahora haga caso omiso al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Que el Estado no pague las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana hasta que se aclare cómo fue que murieron Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Ese, según el procurador Ordóñez, es el rumbo que debe seguir el Gobierno ahora que se identificaron los restos de estas tres mujeres, que hasta el pasado martes 20 de octubre hacían parte de la lista de los desaparecidos del Palacio. Y así se lo hizo saber el procurador a la canciller María Ángela Holguín en el oficio 00620, una semana después de que la Fiscalía y Medicina Legal hubieran divulgado la identificación y hallazgo de las tres mujeres.
Los restos de las dos primeras –apenas unos huesos– aparecieron en el Cementerio del Norte de Bogotá, en las tumbas de otras dos mujeres que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia. Los restos de Lucy Amparo Oviedo, en unas cajas que la Fiscalía tenía desde que fue exhumada una fosa común en el Cementerio del Sur de Bogotá, en 1998. En su fallo de noviembre de 2014, la Corte Interamericana ordenó indemnizaciones así: por daño material, US$45.000 (hoy unos $130 millones) y US$35.000 (hoy unos $100 millones) para las familias Guarín y Portela; ninguna para la familia Oviedo. Por daño inmaterial, US$100.000 (unos $290 millones hoy) para las tres familias.
El procurador Ordóñez considera que esos pagos no pueden hacerse “hasta tanto se logre plena certidumbre”. Una solicitud problemática para un caso en el que, desde 1985, cuando ocurrió la toma y recuperación del Palacio, la certidumbre ha sido la mayor ausente. Enseguida, el procurador mencionó un argumento más polémico aún: “Si finalmente se establece, como lo refiere el informe del señor fiscal general de la Nación antes enunciado, que no hubo desapariciones, no puede pagarse la condena por ese delito, ya que, todo parece indicar, la conducta no existió”.
¿Existe un informe en el que el fiscal Eduardo Montealegre asegura que no hubo desapariciones en el Palacio? La Cancillería tiene la duda: por eso ya le solicitó al despacho del vicefiscal el informe que menciona el procurador Ordóñez. La Cancillería, además, indicó que hasta ahora no ha recibido información oficial, por parte de la Fiscalía, sobre los hallazgos más recientes del caso del Palacio de Justicia, aunque ya la solicitó. Lo que la Fiscalía sí hizo fue lo mismo que la Procuraduría: pedirle a la Cancillería que le comunicara a la Corte IDH los nuevos hallazgos.
Que hayan aparecido los restos de Cristina Guarín, Luz Mary Portella y Lucy Amparo Oviedo, ¿significa que no fueron desaparecidas forzosamente? Aunque así parece concluirlo el procurador Ordóñez, ésa tampoco es una pregunta de fácil respuesta, y sin duda no podrá resolverse sin una investigación penal de por medio. En 2012, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Fiscalía que siguiera investigando esos tres casos, y eximió al coronel (r) Alfonso Plazas de responsabilidad en ellos. En 2014, la Corte IDH concluyó que el Estado era responsable de sus desapariciones. Y en octubre pasado, tras hallar e identificar sus restos, el fiscal Montealegre prometió investigar qué había pasado con ellas.
Estos hallazgos, no obstante, sí serán notificados ante la Corte Interamericana: “Como ha sido costumbre de este Ministerio, informaremos los desarrollos que oficialmente nos comuniquen las entidades nacionales que tienen bajo su competencia el cumplimiento de este fallo y de las demás condenas dictadas contra el país”. El procurador Ordóñez, además, preguntó por qué “el Gobierno Nacional se abstuvo de realizar una defensa más a fondo por tales hechos frente a la CIDH, la cual era indispensable para la salvaguarda de los intereses y la imagen institucional del país”. Esa pregunta la contestará la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
La respuesta de la Cancillería al procurador Ordóñez fue enviada al Ministerio Público el 5 de noviembre pasado: justo un día antes de que el presidente Santos pidiera públicamente perdón por las desapariciones, las torturas y la ejecución extrajudicial (del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán) del Palacio de Justicia. Por lo pronto, la Cancillería espera que la Fiscalía responda si es verdad que en un informe del fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró que no hubo desapariciones en el Palacio de Justicia. Y que le informen oficialmente sobre el hallazgo de Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, para comunicárselo a la Corte Interamericana.