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Luego de que la Fiscalía y Ecopetrol iniciaran un plan de revisión de los contratos y convenios de la petrolera colombiana para lograr mayor transparencia, el ente investigador encontró irregularidades en una serie de convenios que se firmaron con la Corporación País Rural para, supuestamente, realizar labores sociales en distintos departamentos en los que se realizaba un trabajo de explotación de petróleo.
Cuatro personas fueron capturadas: el exdirectivo Julio César Zuleta, la funcionaria de Ecopetrol Ana Milena Estupiñán y los representantes legales de País Rural Fredy Vargas y Claudia Rodríguez.
La Fiscalía encontró irregularidades en cinco convenios con la corporación País Rural por un valor de más de $30 mil millones que tenían como fin realizar actividades sociales en el Meta, Putumayo y Huila. "Estos contratos se celebraron sin la justificación de estudios previos que permitieran establecer la viabilidad de esas iniciativas", indicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
La investigación determinó que la empresa que ejecutaba el contrato, amparada en actas falsas de ejecución y con liquidaciones irregulares, justificaron los pagos que ordenaba Ecopetrol. Esos cinco convenios se traslaparon en el tiempo y los funcionarios llevaron a cabo los contratos a pesar de que se evidenciaban los incumplimientos. Según la Fiscalía, los implicados lograron que a la Corporación País Rural le otorgaran nuevos contratos.