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En un operativo conjunto fueron capturadas en las últimas horas 11 personas investigadas por el millonario fraude en la venta irregular de un predio en la zona industrital de Cartagena. Estos predios tenían como objetivo principal la reparación e indemnización de un grupo de particulares de Mompox, cuyas propiedad fueron utilizadas de manera irregular por la empresa Corelca para la ampliación de sus redes eléctricas en 1998.
La vicefiscal General, María Paulina Riveros aseguró que la empresa Corelca no adelantó los procesos judiciales exigidos para legalizar la extensión de sus redes. Esta acción irresponsable afectó a los dueños de los dueños de los predios por lo que tuvieron que acudir a los estrados judiciales con el fin de reparar los daños ocasionados.
En el año 2000 se le ordenó a Corelca pagar una indemnización de 14 mil millones de pesos. En respuesta a esto, la empresa electrificadora ofreció dar en pago el terreno ‘Mamonal’ ubicado en el sector Cospique de la capital del Bolívar. Los abogados de Corelca aseguraron en ese momento (año 2009) que el terreno estaba avaluado en 18 mil millones.
Se presentó una estratagema para vender el predio entregado por Corelca. En la acción participaron funcionarios públicos, empleados de la Rama Judicial, notarios, registradores, abogados y particulares que se favorecieron y enriquecieron con la ejecución de estas acciones ilegales. Por estos hechos han sido captiurados hasta la fecha 33 personas.
El lote fue comprado por la firma Conequipos Ltda., cuyo gerente para la época era Luis Orlando Barragán Gómez, por siete mil millones de pesos. “Es decir, a un precio bastante inferior. De ese valor se pagaron más de 1.000 millones de pesos en impuestos, suma que debió haber cubierto Corelca”.
Dentro de las personas capturadas hay una registradora de instrumentos públicos, una notaría, abogados, empleados judiciales, un veedor ciudadano, un exalcalde del Guamo Bolívar y varios funcionarios de la Fiduprevisora. Deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, cohecho propio, fraude a resolución judicial y concusión.
“La Fiscalía General estableció que para materializar esa venta se concertaron el Juez de Mompox (Bolívar), el abogado demandante, el notario 10 de Barranquilla, el gerente de Corelca, personas particulares, un veedor ciudadano, la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, el gerente de Conequipos y su abogado asesor Naryan Fernando Alonso Bejarano”, precisó la Vicefiscal.