Luego de varios meses de investigación, la Policía y la Fiscalía identificó a una estructura delincuencial dedicada a defraudar al Estado mediante la solicitud fraudulenta de predios y bienes a nombre de falsas víctimas de la violencia.
De acuerdo con la investigación, un grupo de personas rindió falso testimonio y anexo documentos adulterados, para acreditarse como afectados de la violencia y reclamar tierras de las que nunca fueron dueños o no tenían derecho por gozar de condiciones económicas favorables.
Esta organización pretendía recibir mediante engaños cerca de 1.800 hectáreas, en la vereda el Congo o La Leona, en el corregimiento Lomas, en zona rural de Turbo (Antioquia), terrenos cuyo valor ascendería a los 6.700 millones de pesos.
Igualmente fueron identificados procesos similares en otros municipios de Antioquia como Chigorodó y Apartadó; en Montería, Tierralta y Valencia (Córdoba); Valledupar y Codazzi (Cesar).
En desarrollo de este proceso, la Policía capturó a 44 personas que conformaban la red delincuencial, entre ellas al sindicado cabecilla, Jesús Aníbal Hinestroza Murillo, un ex integrante del EPL, quien era el encargado de organizar, preparar y orientar a todos los falsos reclamantes, para que se beneficiaran del proceso de restitución de tierras.
Dentro de los detenidos también aparecen seis desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová de las extintas AUC, quienes en sus declaraciones ante los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas, omitieron declarar que fueron victimarios e integrantes activos de un grupo al margen de la ley.
Otros vinculados al ilícito son comerciantes y ganaderos de la región, con alta capacidad económica y que anexaban documentos falsos que no relacionaban los bienes que poseían y así se mostraban ante el Estado como víctimas. Incluso uno de los que integraban esta estructura delincuencial, identificado como Grangelio Mosquera Cáceres, tenía orden de captura vigente en su contra por homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas.
Los 44 capturados son presentados en este momento ante un juez de control de garantías que les imputará los delitos de falso testimonio, fraude procesal y falsedad en documento público.