Corrupción en la justicia

Capturan al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por actos de corrupción

Misael Alejandro Bautista habría recibido un soborno para favorecer una decisión judicial en el caso del exalcalde de Cota, Juan David Balsero.

Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron al mediodía de este lunes al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, por presuntamente haber recibido un soborno para beneficiar en una decisión judicial al exalcalde de Cota (Cundinamarca), Juan David Balsero.

Según la investigación, el funcionario judicial habría recibido 150 millones de pesos para afectar la demanda de pérdida de investidura presentada en contra de Balsero. En la acción se manifestaba que el entonces alcalde había sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría General cuando fungía como concejal de Cota.

Balsero fue sancionado disciplinariamente por haber postulado a su socio comercial como candidato a la Personería de Cota. Esta actuación fue considerada como una falta grave a título de dolo. (Ver: Inhabilitan por diez años al alcalde de Cota, Cundinamarca)

Las autoridades emitieron otra orden de captura en contra del exalcalde Cota. En abril de 2012, la entonces magistrada Nelly Yolanda Villamizar denunció que un grupo de colegas estarían inmersos en un caso de soborno, principalmente los magistrados Fredy Ibarra y Alejandro Bautista. 

Después de la denuncia pública la magistrada fue denunciada por injuria y calumnia. El Consejo Superior de la Judicatura le abrió un proceso disciplinario y la Fiscalia General la citó a declarar por estos hechos. "Quiero que sepan que en este país no se puede denunciar un delito. Siempre me han dicho que no tengo pruebas y yo sí las tengo".

En julio de 2014, la Corte Constitucional -al resolver una tutela- le ordenó a la Fiscalía General revisar las denuncias presentadas por la magistrada Villamizar. El alto tribunal pidió que un video en el cual el exalcalde de Cota confesaba que le habían exigido 40 millones de pesos para pagarle a los magistrados para que no fallaran en su contra fuera usado como prueba.

Debido a esto pidió que se reabriera la investigación. Por esto, la Fiscalía General llamó a declarar a Balsero para que confirmara las denuncias hechas en la grabación.