Capturan directivas de la Universidad del Sinú por supuesta corrupción en Córdoba

Entre las personas arrestadas se encuentra Mara Graciela Bechara de Zuleta, suegra del actual gobernador Edwin Besaile y vicerectora de la institución educativa.

Redacción Judicial
24 de mayo de 2017 - 01:52 p. m.
Universidad del Sinú / Luis Ángel
Universidad del Sinú / Luis Ángel

Una de las mujeres más poderosas de la sociedad cordobesa fue capturada por la Fiscalía. Se trata de Mara Graciela Bechara de Zuleta, a quien investigan por irregularidades en el manejo de las regalías del departamento por contratos con la Universidad del Sinú, en los que se habrían perdido cerca de $3.000 millones. Bechara terminó implicada en el escándalo por supuestamente ser la mujer que maneja los hilos de la institución educativa. Junto a ella, también fueron arrestadas seis personas: su hermana María Fátima Bechara Castilla -quien también es rectora y representante legal de la Universidad-, Yolima Hernández, Álvaro Hernando Sua Carreño, Carlos Quinto Cumplido, Khalil José Petro Sakr e Isidro Suarez Padrón. (Vea: Así fue como los corruptos desangraron al erario en Córdoba")

Mara Bechara de Zuleta también es la suegra del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, el hermano del congresista Musa Besaile. Asimismo, en 2015, cuando se dio a conocer la condena de abril de 2015 contra miembros del Bloque Córdoba, se compulsaron copias para investigarla porque varios desmovilizados la señalaron de financiar, colaborar y promover la estructura paramilitar. En el expediente por el que fue capturada, la investigación por la corrupción en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, también está implicado el exgobernador del departamento, Alejandro Lyons, a quien le imputará 20 cargos por estos hechos.

Según la Fiscalía, se hallaron irregularidades en seis convenios firmados entre 2012 y 2015 (el periodo del gobernador Lyons) para generar inversión en temas de ciencia y tecnología en Córdoba se perdieron alrededor de $10.000 millones. Entre los hallazgos está un informe de la Contraloría en el que se establece que no hubo supervisión adecuada de la Gobernación para la ejecución de los contratos, en los que se terminó despilfarrando la plata y subcontratando a Ceniagroecológico para realizar la mayoría de actividades.

Entre los convenios firmados por la Gobernación y la Universidad del Sinú está la “Investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en el Departamento de Córdoba”, que tenía un valor de $7.882 millones. En este negocio, en el que también participaba la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, se descubrió que $4.300 millones terminaron en manos de Ceniagroecológico para supuestamente ejecutar 18 líneas de investigación.

Otro de los proyectos que se pagó a la Universidad del Sinú con recursos de regalías fue el del “Diseño de un programa de estudios en infecciones y salud tropical para el Departamento de Córdoba”. Tenía un valor de $10.172 millones y un plazo de ejecución de 37 meses a partir del 4 de febrero de 2014. Sin embargo, a comienzos de 2017 se habían invertido más del 56% de los recursos y solo se había avanzado en un 37% en la investigación.  

El tercer convenio estructurado con $3.063 millones de regalías que adelantó la Universidad del Sinú fue para el “Desarrollo e investigación aplicada de un modelo experimental sostenible e innovador en la cadena productiva de artesanías derivada de la caña flecha en el Departamento de Córdoba”.  El objetivo era que se produjeran cinco ecotipos de caña flecha -utilizada para la elaboración del sobrero vueltiao-, pero no se encontró ni una sola de las 20 hectáreas que debían estar sembradas. Según la Contraloría, de ese contrato se perdió el 60% de los recursos.

La hipótesis de la Fiscalía es que el desvío de recursos se logró a través de la subcontratación de servicios por un valor menor al que pagó la Gobernación de Córdoba, a pesar de que la Universidad del Sinú tenía la capacidad técnica para ejecutar la totalidad del contrato. Es decir, recibieron recursos para realizar investigaciones que finalmente terminaron siendo adelantadas por terceros a los que les pagaron un valor inferior.

Por Redacción Judicial

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